El primero que alza la voz, pero no el único IU critica que la oferta del Estado sea en agosto

Las compensaciones económicas -doce millones de euros al año-, la construcción de infraestructuras y los puestos de trabajo que creará el ATC, unos 150 fijos y varios cientos durante las obras de edificación son un reclamo muy «goloso» que tienta no sólo al alcalde de Peque. «Hay otros municipios de varias comunidades autónomas que también se han interesado por el proyecto», confirma José Alejandro Pina, presidente de Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de la basura nuclear. Lo han hecho de forma muy discreta precisamente para evitar la polvareda que ha atraído Lobato hacia sí, y campañas de presión preventiva de los grupos ecologistas, que han hecho circular los nombres de supuestos candidatos como Mesas de Ibor (Extremadura), Vandellós, Tivissa, Mora la Nova o L'Hospitalet de L'Infant, (todos en Tarragona), o Almonacid de Zorita (Guadalajara). El diputado de ICV y portavoz del grupo parlamentario IU-ICV, Joan Herrera, ha criticado que el Consejo de Ministros haya iniciado la oferta pública para la instalación de un cementerio nuclear en el mes de agosto y además ofreciendo «información recortada». El Gobierno anunció que a finales de septiembre se abriría el proceso de oferta pública por el que los ayuntamientos podrán presentar sus candidaturas para acoger el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de material combustible nuclear gastado de las centrales nucleares españolas así como residuos radiactivos de alta actividad. El Boletín Oficial del Estado publicaría la oferta la tercera semana de agosto, cuando la mayoría de los ciudadanos se encuentran de vacaciones.