Fernádez Carriedo califica de «subasta» el modo de asignar los terrenos del centro

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, criticó ayer que el Gobierno central haya planteado «prácticamente una subasta» entre municipios como procedimiento para determinar dónde se ubicará el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos. Fernández Carriedo se refirió en rueda de prensa al ofrecimiento de terrenos para construir el ATC expresado por el alcalde del pequeño municipio zamorano de Peque, Rafael Lobato, a quien liberó de culpas al preguntarse «dónde está la irresponsabilidad, en un Gobierno que subasta o en un Ayuntamiento que pide información» sobre la infraestructura. En opinión del representante de la Junta de Castilla y León, «toda la pelota está ahora en el tejado del Gobierno de España», que según Carriedo debería «cambiar el procedimiento» de elección de la ubicación por uno «más adecuado», basado en «estudios y análisis previos» que delimiten las zonas que, por sus características técnicas, pueden albergar el ATC. Añadió que el procedimiento «no se puede convertir en una subasta» que consista en «ver qué municipio está en más dificultades» económicas que animen a buscar financiación en este tipo de iniciativas, que en el caso del ATC supondrá una inversión global de 700 millones de euros según las cantidades aportadas por la Empresa Nacional de Residuos (Enresa). Reconoció que la Administración autonómica en este caso carece de capacidad ejecutiva, al prevalecer la autonomía municipal y la acción del Gobierno central, pero aseguró que esperan tener voz si finalmente se optara por alguna localidad de Castilla y León para localizar en su territorio el Almacén Temporal Centralizado. A juicio de Fernández Carriedo, este tipo de decisiones deben adoptarse por parte del Gobierno «no sobre la base de lo que los Ayuntamientos proponen sino sobre la mejor ubicación posible». «El procedimiento no puede ser que un Ayuntamiento proponga y el Ministerio decida sobre ese aspecto», refirió el consejero, quien insistió en que no le corresponde a la Junta de Castilla y León «opinar sobre lo que dice uno de los 8.000 Ayuntamientos de España o los 2.250 de la Comunidad», sino al Gobierno de España, que es quien va a construir el almacén. Reclamó por ello al Ejecutivo central que realice un «estudio serio sobre las ubicaciones preferentes», que determine además qué zonas se descartan, por sus características medioambientales y geológicas, de modo que exista un condicionante previo que excluya algunas zonas.