El Congreso acepta tramitar la reforma de Aragón sin votos en contra
El Pleno del Congreso aceptó ayer iniciar la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón con un amplísimo respaldo, ya que la iniciativa contó con 283 votos a favor, ninguno en contra y diez abstenciones de los diputados de CHA, ERC, BNG y Nafarroa-Bai. El debate de toma en consideración ha mantenido en la Cámara Baja el alto nivel de consenso que el proyecto cosechó en las Cortes de Aragón, donde fue apoyado por PSOE, PP, PAR e IU y donde sólo la Chunta se abstuvo. El aragonés es el sexto estatuto que se somete a la consideración del Congreso en esta legislatura y el cuarto en el que los dos grandes partidos votan de forma conjunta, ya que antes lo hicieron para rechazar el llamado Plan Ibarretxe y para admitir los proyectos valenciano y balear. De esa forma ésta es la primera ocasión en que el PP presta su apoyo parlamentario a una reforma estatutaria proveniente de una comunidad en la que gobierna el PSOE. Acuerdo unánime Ese acuerdo ampliamente mayoritario fue una de las características que destacaron los tres representantes del parlamento aragonés que defendieron el proyecto ante la Cámara Baja y solicitaron el máximo respeto para lo acordado en las instituciones aragonesas. El presidente del gobierno aragonés, el socialista Marcelino Iglesias, el vicepresidente de su Ejecutivo y presidente del PAR, José Angel Biel, y el presidente del PP-Aragón, Gustavo Alcalde, fueron los tres diputados autonómicos encargados de defender el texto, del que destacaron su carácter ambicioso aunque respetuoso con el resto de España. Iglesias destacó el «aval singular» que supone llegar a las Cortes Generales sin un sólo voto en contra y confió en que éstas, «sin merma de sus competencias institucionales», sean «sensibles y respetuosas» con el texto elaborado en Aragón, donde no se entenderían modificaciones «que no sirvieran para reforzar el consenso político alcanzado en Aragón». El popular Gustavo Alcalde mencionó que la reforma sitúa a Aragón «definitivamente en una España en la que no haya autonomías de primera y segunda velocidad» y subrayó que la iniciativa no tiene como objetivo «colaborar en esa extraña e improcedente segunda transición que, por la puerta trasera, auspicia el actual Gobierno».