El PP acepta la laicidad de la enseñanza pública en el Estatuto andaluz

El Partido Popular accedió ayer a reconocer el carácter laico de la enseñanza pública en Andalucía a cambio de su vinculación a la condición aconfesional del Estado establecida por la Carta Magna. Los populares -que tienen recurrido ante el Tribunal Constitucional el apartado del Estatuto de Cataluña referente a la laicidad de la educación- aceptaron en el último momento una enmienda transaccional del PSOE en la que se garantiza que «los poderes públicos de la Comunidad tendrán en cuenta las creencia religiosas de la confesión católica y de las restantes confesiones existentes en la sociedad andaluza». El acuerdo en esta cuestión es sintomático del empeño que los dos grandes partidos nacionales han puesto en sacar adelante la reforma estatutaria en el Congreso de forma conjunta. Aún así, el PP pone todo su empeño en demostrar que son los socialistas, y no ellos -que votaron en contra del texto aprobado por el Parlamento andaluz-, quienes se mueven. El presidente del partido en la comunidad autónoma, Javier Arenas, aprovechó su intervención en la primera sesión de la Comisión Constitucional que ahora analiza el proyecto para afirmar que «estamos asistiendo a un nuevo texto», más acorde a la Constitución tras las 117 enmiendas introducidas en la fase de ponencia. No se puede comparar La representante del Partido Andalucista, Pilar González, rechazó esta interpretación y llamó la atención sobre el hecho de que el PP esté dispuesto a dar por buenos ahora preceptos que rechazó en el Estatuto catalán como el de la laicidad de la enseñanza y el «derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte». El principal partido de la oposición defiende, sin embargo, que no existe punto de comparación posible. El acuerdo de ayer sustituye la redacción del proyecto original «La enseñanza pública es laica, sin perjuicio del derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones» por una que antepone el derecho paterno al carácter laico de la educación y que hace derivar este de la Constitución. Quedaría así: «Los poderes públicos de la comunidad autónoma de Andalucía garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica». Un párrafo más abajo se añade, además, que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de todas las confesiones que existan en Andalucía y cita específicamente la católica. La diferencia con el Estatuto catalán - «Las madres y los padres tienen garantizado (...) el derecho que les asiste para que sus hijos e hijas reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones en las escuelas de titularidad pública, en las que la enseñanza es laica»- radica en que en el texto andaluz la laicidad «llega hasta donde llega» la aconfesionalidad del Estado y no crea un «concepto nuevo», según la secretaria Ejecutiva de política autonómica del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría.