Se trata de un delito urbanístico al otorgar una licencia para un polígono industrial en suelo urbano
La Fiscalía pide dos años de prisión para Julián Muñoz y otros siete ex concejales
De los ocho procesados, cinco están presuntamente implicados en el «caso Malaya»
Julián Muñoz en uno de los traslados a los juzgados para declarar
La Fiscalía malagueña ha solicitado, en sus conclusiones provisionales, dos años de prisión y diez de inhabilitación para el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y otros siete ex ediles del GIL por un delito urbanístico en Marbella. Según la calificación fiscal, los procesados otorgaron el 27 de junio de 2001 una licencia de obra para un proyecto básico de un polígono industrial en Marbella pese a que era un suelo urbano, pero calificado como zona de equipamiento público cultural y social. Además de Julián Muñoz, se sentarán en el banquillo de los acusados los ex concejales Rafael González, José Luis Fernández Garrosa, Francisco Javier Lendínez, Pedro Tomás Reñones, José Luis Troyano, María Luisa Alcalá y Alberto García, De los ocho procesados, los cinco primeros están presuntamente implicados en el «caso Malaya», que investiga la presunta trama de corrupción municipal e inmobiliaria en Marbella, y actualmente están en prisión por otro caso urbanístico Julián Muñoz, Rafael González y María Luisa Alcalá, que tienen que cumplir un año de prisión. La fiscalía malagueña entiende que las obras no se ajustaban al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, que era el del año 1986, y además a «sabiendas» de que los dictámenes técnicos elaborados eran contrarios a su concesión. Nueva licencia Los mismos acusados, excepto José Luis Troyano que no estuvo presente en la sesión del 12 de febrero de 2003, aprobaron como integrantes de la Comisión de Gobierno del consistorio conceder otra licencia de obras a la misma entidad, Soleuco S.L., para reformar el proyecto básico y el proyecto de ejecución de varias naves industriales. El ministerio público entiende que los acusados han cometido un delito contra la ordenación del territorio ya que como miembros de la Comisión de Gobierno concedieron «a sabiendas» de la irregularidad urbanística y en contra de los dictámenes técnicos las mencionadas licencias. La fiscalía pide además de las penas de prisión la apertura de juicio, por lo que después de que los abogados defensores de los acusados realicen sus calificaciones se fijará fecha para la vista oral en un juzgado malagueño.