Justicia quiere atajar la insolvencia de los condenados por los jueces

El Gobierno va a hincar el diente a uno de los déficit históricos de la justicia penal: el cobro efectivo de las indemnizaciones por parte de las víctimas de los delitos. El anteproyecto de reforma del Código Penal que el Ministerio de Justicia quiere enviar en breve al Parlamento tiene como prioridad garantizar el resarcimiento y la protección de las víctimas. Los tribunales durante años se han centrado en reunir las pruebas suficientes para condenar y encarcelar a los delincuentes, pero con frecuencia, por falta de medios, celo o instrumentos legales, las víctimas no han recibido el dinero que debía paliar sus pérdidas, daños, lesiones o padecimientos morales y psíquicos. El cobro de las indemnizaciones se difuminaba en una maraña de recursos legales a la sentencia, en expedientes de insolvencia -que a veces no son tales- o en ocultamientos de fondos mediante el desvío de patrimonio a terceros o su blindaje bajo la titularidad de personas jurídicas (sociedades mercantiles). Hasta el momento, el Ejecutivo sólo había tomado medidas excepcionales para garantizar el cobro de indemnizaciones por parte de las víctimas del terrorismo -con su adelanto a cargo del presupuesto del Estado- tras haberse convertido su inicial desamparo en un escándalo social. Ahora pretende poner en manos de los jueces determinados mecanismos legales que hagan más difícil que cualquier delincuente logre eludir su responsabilidad pecuniaria. Investigaciones de patrimonio Una de las novedades más importantes de la reforma es que los tribunales sentenciadores tendrán la obligación de «ordenar (a la Policía judicial) la investigación del patrimonio» de la persona declarada responsable civil del delito si ésta se ha declarado «total o parcialmente insolvente», para asegurarse de que las apariencias no esconden un ocultamiento de bienes. Como complemento de la indagación anterior, la nueva redacción que el Ejecutivo quiere dar al Código Penal autoriza a los jueces a «tomar cuantas medidas procedan sobre los bienes (de los condenados) que aparezcan en poder de terceros» para resarcir a sus víctimas. Por primera vez, se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, siempre que los delincuentes sean a su vez responsables o representantes de las entidades que cometieron el delito. El paquete de medidas que contempla el Gobierno se completa con la oferta de atenuantes a los delincuentes societarios si «reparan con prontitud el daño ocasionado» a la víctima y colaboran con la investigación.