Las aseguradoras ya no podrán retrasar los pagos con recursos

Las aseguradoras también lo tendrán más difícil para retrasar sus pagos o intentar eludir sus responsabilidades con el uso abusivo de los recursos. Entre los cambios previstos por el Gobierno está que los jueces de instrucción, de forma previa al juicio, puedan ordenar «al asegurador que indemnice provisionalmente al perjudicado» hasta el límite de responsabilidad civil fijado en la póliza. Las compañías sólo podrán recurrir estas decisiones por la vía civil. Mientras el proceso penal se completa y se celebra el juicio, la víctima tendrá el dinero en el bolsillo. Evitar quiebras de empresas A pesar de la dureza con que se va a tratar a las empresas para que resarzan a las víctimas, el anteproyecto no quiere provocar la ruina a estas compañías. La reforma contempla que «podrá ser fraccionado el pago de la multa impuesta a un persona jurídica hasta cinco años, cuando su cuantía ponga probadamente en peligro la supervivencia de aquella o la estabilidad de los puestos de trabajos existentes en la misma». Dureza con los estafadores No obstante, la persecución de los delincuentes que se esconden tras las personas jurídicas para no reparar los daños no será universal. Los representantes del Estado, de las administraciones, de los partidos políticos y de los sindicatos quedarán al margen de este hostigamiento, sin que el Código Penal explique la causa de la prebenda. Estos cambios han sido aplaudidos por la Fiscalía, que considera que, a pesar de su dificultad jurídica, con esta reforma por fin «se logra un equilibrio entre la necesaria responsabilidad y las garantías penales». Más crítico se ha mostrado el Ministerio Público con otro de los ejes de la reforma, el que busca proteger a las víctimas de las estafas. El Gobierno considera un agravante «causar la ruina o postración económica grave de la víctima o su familia cuando esa consecuencia del delito hubiera sido prevista o previsible por el culpable». La Fiscalía, aunque apoya la filosofía de la disposición, piensa que crea confusión establecer un agravante con carácter general cuando cada tipo delictivo ya prevé este endurecimiento. La reforma también incluye la obligación de los jueces de imponer la pena superior prevista para el delito cuando el ilícito perjudique a una generalidad de personas.