El alto tribunal acumula casos pendientes desde hace nueve años

El pacto entre el PSOE y el PP para aprobar lo antes posible la reforma del funcionamiento del Tribunal Constitucional es una prioridad de Estado, porque las actuales normas de tramitación y competencias de la corte han abocado al tribunal a acumular retrasos de hasta nueve años en la resolución de asuntos. Los doce magistrados constitucionales reciben cada año más de 7.000 recursos de amparo, una cifra que tiene atascado el tribunal pese a que la gran mayoría de los asuntos no son admitidos a trámite por no existir infracción de derechos o por no ser competencia de la corte. Según fuentes consultadas, en el 2006 el tribunal resolvió más de 7.450 recursos, de los que sólo fueron acreedores de su toma en consideración y sentencia unos 350. El resultado de la sobrecarga de trabajo son decenas de miles de asuntos pendientes, que hacen que los magistrados aún no hayan podido tomar en consideración la totalidad de los recursos de amparo presentados hace cinco años. El tapón de los recursos por supuesta vulneración de derechos fundamentales tiene también bloqueada otra de las más importantes funciones del tribunal, como es el control sobre la constitucionalidad de las leyes. Las mismas fuentes indicaron que el Constitucional aún no ha terminado de resolver las impugnaciones sobre la legalidad de normas presentadas por jueces o instituciones en 1998.