La fiscalía pide la desclasificación de los informes sobre los vuelos de la CIA El secuestro de Al Masri Normalidad en Algeciras en el primer día del paso del Estrecho La Audiencia ordena el ingreso en prisión del ex dirigente de la Triple A Aprobada una

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido entrar a fondo en la investigación sobre la utilización de aeropuertos españoles por vuelos secretos de la CIA para el secuestro de presuntos islamistas y su traslado al margen de la legalidad a cárceles clandestinas en distintos países del mundo. El Ministerio Público pidió ayer al juez que instruye la investigación, Ismael Moreno, que reclame al Gobierno la desclasificación de todos los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los vuelos secretos de la agencia de espionaje norteamericana supuestamente implicados en hechos delictivos, fundamentalmente detenciones ilegales y torturas. La Audiencia Nacional investiga desde julio pasado la presunta utilización de al menos diez aeropuertos españoles para realizar entre los años 2002 y 2005 unas 120 operaciones de aterrizaje y despegue de aviones de la CIA. Los aparatos se dirigían a terceros países para recoger a presuntos terroristas secuestrados, o bien los trasladaban, vía España, a centros de interrogatorio fuera de la legalidad internacional como Guantánamo o cárceles clandestinas de Egipto, Siria, Marruecos, Libia, Afganistán o Pakistán. Se trata de la red de operaciones encubiertas tejida por Estados Unidos dentro de su guerra mundial contra los organizaciones islamistas, desatada tras los atentados del 11-S. Informe de la UE Un reciente informe del Parlamento Europeo señala que los países de la Unión Europea (UE) sirvieron para realizar unas 1.245 escalas de estos aviones y que los aparatos que usaron aeropuertos españoles pudieron estar implicados en nueve de los diez secuestros de presuntos islamistas que están confirmados. La Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere conocer el contenido de todos los informes del CNI sobre los hechos investigados. Considera que «el carácter reservado o secreto de la información que hipotéticamente tuviera el CNI, o su precedente, el Cesid, no debe constituirse en obstáculo a cooperar con la justicia en la investigación». Tiene especial interés en los informes relativos al avión de la CIA que partió del aeropuerto de Palma de Mallorca el 22 de enero del 2004, que recogió en Macedonia al islamista alemán de origen libanés Khaled al Masri y que, vía Bagdad (Irak), lo trasladó a Kabul (Afganistán), donde fue interrogado y torturado durante cinco meses. La tripulación del avión que secuestró Al Masri, quien prestó declaración en octubre pasado en la Audiencia Nacional, estaba compuesta por trece personas, que pasaron la noche del 21 de enero en Palma, alojados en un hotel de lujo. Los nombres de estos presuntos miembros de la CIA están en el informe que la Guardia Civil elabora para el juez Ismael Moreno, con todos los datos sobre aviones sospechosos que operaron en España, sus tripulaciones y los alojamientos y servicios que utilizaron. La Fiscalía rechazó de momento apoyar a la acusación particular, que pretende que se cite a declarar como imputados a los trece tripulantes del vuelo sospechoso del secuestro de Al Masri. Entiende que antes de iniciar las imputaciones deben comprobarse de forma fehaciente todas las identidades de los sospechosos y estudiar la extensa documentación que debe llegar al juzgado. Las llegadas de vehículos y pasajeros registradas en el puerto de Algeciras a lo largo del día están siendo las «normales de estas fechas» tras el establecimiento ayer de un dispositivo similar al de la Operación Paso del Estrecho (OPE). El portavoz de Protección Civil, Salvador Merelo, dijo a Efe que el Gobierno desplegó hoy en el puerto algecireño este dispositivo, similar al de la Operación Paso del Estrecho (OPE) en verano, ante la previsible mayor afluencia de vehículos y personas a este puerto y para evitar los colapsos del pasado fin de semana. Los puertos de Ceuta y Algeciras (Cádiz) han activado un dispositivo especial, que se prolongará hasta el día 8 de enero, con motivo de la previsible llegada masiva de marroquíes en los próximos días ante la celebración de la Fiesta del Sacrificio. Merelo destacó que las entradas en el recinto portuario algecireño están dentro de la «normalidad» y no se están produciendo esperas para el embarque con destino a los muelles de Tánger (Marruecos) y Ceuta, aunque esperan que a partir de hoy al mediodía se intensifique este tránsito. El Administrador General del Estado (AGE) en el Campo de Gibraltar, José Andrés Hoyos, indicó a Efe que este dispositivo especial estará activo hasta el próximo 1 de enero y detalló algunas de las medidas que se adoptan a partir de hoy como son la intercambiabilidad de billetes, ya que indicó la Secretaría de Estado de Transportes ha autorizado a utilizarla en momentos de crisis. La Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión, a efectos de extradición a Argentina, de Rodolfo Almirón Sena, ex dirigente de la organización terrorista de ultraderecha Triple A, a la que en el país se le acusa de múltiples asesinatos de ciudadanos y políticos de izquierda en los primeros años setenta. Almirón, ex subcomisario de la Policía Federal argentina, fue detenido el jueves en Torrent (Valencia), donde residía desde hace años, por agentes de la Policía Nacional adscritos a Interpol. La orden internacional de detención fue cursada el martes pasado por el juez argentino Norberto Oyarbide, titular del Juzgado Federal número 5, que le acusa de asociación ilícita, doble asesinato y secuestro, que no habrían prescrito por tratarse de delitos de lesa humanidad. A Almirón Sena, de 70 años, le atribuyen en su país una larga lista de crímenes, entre ellos los asesinatos del diputado peronista Rodolfo Ortega Peña, el sacerdote Carlos Múgica, el profesor Silvio Frondizi y el que fuera subjefe de la Policía de Buenos Aires Julio Troxler. El Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, que amplía los controles a todo tipo de armas de fuego, incluidas las de caza y tiro deportivo, sus componentes y municiones. De esta forma, el Ejecutivo da cumplimiento a la Resolución 55/255 de la Asamblea General de Naciones Unidas y a la preocupación de las ONGs por las posibles desviaciones de este tipo de material, según destaca el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en un comunicado tras la aprobación de esta ley en el Consejo de Ministros. El departamento de Joan Clos subraya que este proyecto de ley pone de manifiesto la voluntad del Gobierno de luchar contra el tráfico ilícito de este tipo de material, aunque recuerda que el sistema español de control de comercio exterior en este ámbito es sumamente exigente y riguroso y similar al de todos los países de la Unión Europea y la Otan. Según el ministro de Industria, el proyecto de ley es «fruto del trabajo del Gobierno para dar respuesta a la petición de la sociedad y su elaboración ha sido compleja al involucrar a cinco departamentos, Defensa, Interior, Asuntos Exteriores, Economía y Hacienda e Industria, Turismo y Comercio». El texto, según Clos, «manifiesta la voluntad del Gobierno de luchar contra el tráfico ilícito de este tipo de material y es complementario a nuestra participación activa en los procesos regionales e internacionales encaminados a un mayor control del comercio de armas y muy concretamente la adopción de un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas». «El sistema español de control de comercio exterior de material de defensa y de doble uso es sumamente exigente y riguroso, similar al de todos los países de la UE y la Otan», destacó el ministro.