«Nos preocupa que el baremo sea restrictivo»

La Junta cree que el Gobierno de Zapatero no ha hecho bien sus deberes porque, de lo contrario -asegura el gerente de Servicios Sociales- la ley habría entrado ya en vigor el 1 de enero. Antonio Sáez recuerda que aún faltan los reglamentos sobre baremación, servicios, además de concretar el régimen de la Seguridad Social -«el general con algunas características especiales», dijo Valcarce en León- para los cuidadores familiares no profesionales. -¿Ya tienen preparado el personal para realizar las valoraciones a partir de abril? -A la Junta no le consta que vayan a empezar en abril las valoraciones. Pero como la ley dice que la valoración deberán hacerla las administraciones públicas, hemos hecho un diseño que parte de la hipótesis de que la dependencia no es algo nuevo y los derechos de la ley estatal se deben incorporar al ámbito de los servicios sociales. No sería lógico tener una ayuda a domicilio para personas dependientes y otra para otras. Para ello, en abril de 2006 pactamos con las corporaciones locales la integración de la ley de la dependencia en los servicios sociales y financiamos la ampliación de la plantilla de los Ceas con 196 trabajadores sociales nuevos, lo que supone aumentar un 50% el personal técnico medio de los Centros de Acción Social (Ceas). También financiamos un refuerzo transitorio de 70 trabajadores sociales más pero les hemos dicho que esperen a que empiecen las valoraciones. Los «ritmos» del Gobierno nos meten en estos líos. Pero hemos hecho nuestros deberes. -Pero lo único que ha trascendido es su desacuerdo con el Consejo Territorial de la Dependencia. -En otros consejos territoriales está el ministro con los consejeros de las comunidades autónomas, pero aquí está el ministro acompañado de otras 11 personas de la administración central y las comunidades autónomas. Con esa composición, el Gobierno sacará adelante todo lo que se proponga, pero cuando la gente reclame tendremos que responder las comunidades autónomas pues son nuestras competencias. -¿Están de acuerdo con el baremo definido en el consejo? -El baremo es clave en el desarrollo de la ley porque según donde se ponga el corte, la protección será mayor o menor. En junio del 2006 hicimos un estudio de pilotaje y valoración con el Imserso -que encargó al Instituto Catalán de Envejecimiento- y se lo aplicamos a 450 personas de Castilla y León. A diferencia del borrador, el baremo actual abre demasiadas preguntas, lo que complica su manejo y restringe al menos un 20% la población a proteger respecto al estudio de pilotaje; el 10% de las personas asistidas grado II de nuestras residencias no tendrían ninguna dependencia. Nos preocupa que sea restrictivo. Se ha subido mucho el listón porque la financiación es escasa. -Son 25.000 millones para todo el país hasta el 2015. ¿Cuánto le corresponde aportar a la Junta? -Este año al Estado aportará 400 millones de euros y las comunidades otro tanto; a Castilla y León le corresponden 33 millones. Pero tenemos además otros 322 millones para la atención a la dependencia. En cambio, el Estado sólo va a aportar 2.000 euros al año por dependiente (se habla de 200.000 grandes dependientes), 166 euros al mes y 5,5 euros al día, es decir 25 minutos día de ayuda a domicilio. En el 2015 las comunidades aportaremos el 42%, los usuarios el 33% y el Estado el 24%. Se han generado demasiadas expectativas, pero la ley da un papel débil al Estado. -Entonces ¿La ley es un avance o no? -La ley ha mejorado mucho al convertirlo en un derecho por el que los ciudadanos pueden reclamar incluso en los tribunales, pero como la ley es muy inconcreta, no se sabe su alcance, cuánto va a cubrir.