Los estudiantes admiten que saben de explosivos, pero niegan haberlos vendido a los islamistas

La trama asturiana fue la protagonista, por segundo día consecutivo, del juicio de la Casa de Campo. Ayer concluyó la declaración del minero prejubilado, Suárez Trashorras, que respondió a las preguntas de las acusaciones particulares y de las defensas y también testificaron su cuñado Antonio Toro Castro, su exmujer Carmen Toro, y el minero Raúl González Peláez, picador de la mina Conchita, de la que, según todos los indicios, salieron los explosivos que provocaron la masacre del 11 de marzo. Los interrogatorios de estos acusados pusieron de manifiesto que todos ellos estaban al tanto, en mayor o menor grado del tráfico de explosivos, aunque los dos cuñados -Trashorras y Toro- niegan habérselos vendido al grupo de delincuentes liderado por Jamal Ahmidan, El Chino . Según las respuestas que dio Suárez Trashorras, especialmente a las preguntas de su abogado defensor, la culpa de todo la tuvo Manuel García, Manolón, el inspector jefe del grupo de Estupefacientes de la comisaría de Avilés, de quien era confidente. Trashorras aseguró, por activa y por pasiva, que él informó a su contacto policial de que Rafa Zohuier y El Chino querían adquirir explosivos, aunque se apresuró a aclarar que él no se los vendió, como aseguran las acusaciones en base a las múltiples evidencias que en tal sentido existen en el sumario.