Vera vuelve al banquillo por pagar con fondos reservados a Amedo y Domínguez

El último coletazo de los GAL llega a los tribunales doce años después de que se comenzara a instruir. El conocido como «caso de los maletines», un apéndice de los casos Marey y fondos reservados, se juzga a partir de este lunes en la Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid. En el banquillo se sentará el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, acusado de haber pagado con 230 millones de las antiguas pesetas (casi 1,4 millones de euros) procedentes de la caja secreta de Interior el silencio de los policías José Amedo y Michel Domínguez. La Fiscalía Anticorrupción reclama para Vera siete años de cárcel y 16 de inhabilitación por un delito de malversación continuada de caudales públicos, si bien nunca volverá a la cárcel aunque sea condenado porque estas penas ya están «contabilizadas» dentro de otras que cumplió por sumarios de los GAL. Vera no estará sólo en el banquillo. Junto a él se sentarán el actual jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Félix Hernando, que se enfrenta a dos años de prisión; el secretario personal de Vera, Juan de Justo, para quien el Ministerio Público pide cuatro años; y Anibal Machín, ex jefe del Servicio de Operaciones de Interior, que podría ser condenado a otros dos años de prisión. Anticorrupción igualmente exige a Domínguez y a su esposa, Alicia Sánchez Carrión, que devuelvan al Estado 122,7 millones de pesetas (737.441 euros); y a Amedo y a su mujer, María Ángeles Acedo, 112,7 millones de pesetas (otros 677.340 euros). Un largo periplo El caso de los maletines llega a los tribunales después de un largo periplo, que comenzó en 1995 cuando el juez Baltasar Garzón decidió abrir una pieza separada por el uso fraudulento de los fondos públicos usados en la trama de los GAL. El sumario, una vez terminado de instruir, desapareció inexplicablemente poniendo en riesgo la celebración del juicio. Sin embargo, el 27 de julio del 2004, los 28 tomos del sumario fueron localizados por un funcionario encima de un polvoriento armario en un pasillo de la sexta planta de la Audiencia Nacional. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Rafael Vera utilizó fondos reservados para «garantizar el silencio» de Amedo y Domínguez y evitar así que los dos policías, que estaban en prisión desde julio de 1988, decidieran tirar de la manta y «delatar a otros implicados en la trama de los GAL, entre los que se encontraba el propio acusado (Vera)». Pagar el silencio Anticorrupción sostiene que, tras el ingreso en la cárcel de los dos agentes, el ex secretario de Estado para la Seguridad decidió poner un «sueldo» (en dinero negro) a los funcionarios. Los dos policías, a través de sus respectivas mujeres, cobraron ese «salario» entre agosto de 1988 y enero de 1994. La persona encargada de hacer estos pagos periódicos era De Justo, quien cada mes entregaba a las esposas de los dos agentes sendos sobres precintados con papel de celofán con cantidades que oscilaban entre las 400.000 y 600.000 pesetas (entre 2.400 y 3.600 euros) para cada una. Asegura la Fiscalía que las esposas recibieron por este procedimiento casi 30 millones de pesetas (más de 180.000 euros). Luego, Vera ordenó a De Justo que pagara con dinero público sendas intervenciones quirúrgicas a las mujeres de los policías en la Clínica Rúber que costaron casi un millón de pesetas (6.000 euros).