El Gobierno estudia cómo forzar la renovación del Poder Judicial

El Ejecutivo está dispuesto a modificar la ley para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces, presidido por Francis-co José Hernando, concluyó su mandato el pasado mes de noviembre. Desde entonces ha sido imposible que los dos partidos mayoritarios lleguen a un acuerdo sobre su nueva composición. Los socialistas aseguran que los populares exigen una «injustificada» minoría de blo-queo a cambio de desatascar las negociaciones y advierten de que no cederán al chantaje. Aprovecharán la reforma de la ley orgánica del CGPJ, diseñada por el ex ministro Juan Fernan-do López Aguilar, para lograr su objetivo. Al Gobierno le ha costado mucho tomar una decisión que en el PSOE se venía reclamando desde hacía tiempo El nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha dejado claro en varias ocasiones que la interinidad del actual Consejo le incapacita para tomar deci-siones trascendentes como los nombramientos judiciales. El problema es que eso no consta en ninguna parte. Limitar por ley las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando éste haya concluido el mandato ayudaría, a ojos del Gobierno, a su renovación. «Tendríamos que estudiarlo bien porque muchas de las decisiones que toma el CGPJ tienen que ver con el funcionamiento ordinario de la Justicia, que no puede verse afectado», subrayan fuentes gubernamentales. Mayoría conservadora La idea es impedir que el PP saque provecho de la mayoría conservadora de este órgano; una mayoría que es reflejo de la composición de las Cortes Generales del 2002, cuando los populares tenían mayoría absoluta en el Congreso y el Senado. Los socialistas se quejan de el CGPJ se ha convertido en un ariete contra el Gobierno. En lo que va de legislatura le ha creado no pocas dificultades con su oposición a determina-dos aspectos del Estatuto de Cataluña, a la ley contra la violencia de género y al ma-trimonio homosexual. Por eso buscan el modo de restringir su capacidad de maniobra. Una de las opciones que baraja el Ejecutivo es la de imponer que, cumplidos los cinco años de mandato, sea la Comisión Permanente -formada por sólo cinco vocales de los 21 que conforman el pleno- la que asuma el gobierno en funciones. Su capacidad quedaría, además, limitada a nombramientos judiciales tasados o expedientes para el normal funcionamiento de la Justicia.