La nueva ley sitúa a Picos de Europa enla posición de partida de hace doce años

«El parque nunca ha funcionado». La rotunda afirmación es del alcalde de Posada de Valdeón, Mariano Rojo. Pero podría ser la de cualquier vecino. La percepción que se vive en los pueblos leoneses enclavados en el Parque Nacional de Picos de Europa es la de doce años «perdidos». El nuevo panoram a legal que impone la Ley de Parques Nacionales aprobada recientemente por el Congreso ha resucitado, uno a uno, todos los conflictos que se han arrastrado desde la constitución del espacio protegido en 1995 y que teóricamente estaban cerrados. Pero la realidad es que el debate de hoy es el mismo que había entonces: no existe un plan de compensaciones a las juntas vecinales por la prohibición de aprovechamientos como la caza o la madera y el espacio sigue sin Plan Rector de Uso y Gestión tras haberlo anulado el Tribunal Supremo hace poco más de un año porque no había indemnizaciones para los titulares de la propiedad privada. La incertidumbre sigue pesando sobre la plantilla del parque; el turismo no despega, sino que se desploma, y lacras ambientales como la sarna, lejos de erradicarse, se están extendiendo por zonas del parque adonde nunca antes habían llegado. Eso sin contar que el nivel de desarrollo de la vertiente leonesa sufre un grave estancamiento. Ni siquiera las posiciones políticas han variado ni un ápice respecto a 1995, pese a que en apariencia son más templadas. El Gobierno de Castilla y León se aferra a los derechos de los vecinos para justificar la continuidad de los aprovechamientos tradicionales, un extermo que tanto Asturias como Cantabria no comparten. El pueblo, último eslabón Y el último eslabón de este engranaje, que son los vecinos, vuelven a hacerse las mismas preguntas que cuando fueron incluidos en el parque nacional, porque si hay algo que no ha cambiado es la política de información. «Nadie se ha dirigido a nosotros para informarnos sobre lo que supone la nueva ley», es la frase con la que responden todos los implicados: alcaldes, pedáneos y propietarios. «Esto no va bien. Todo son limitaciones», denuncia el presidente del Real Concejo de Valdeón, entidad que engloa a seis de los ocho pueblos del valle valdeonés. El año pasado, ingresaron alrededor de 150.000 euros por la caza, un tesoro si se tiene en cuenta que la siguiente partida en importancia fueron los 6.000 euros del alquiler de pastos. Los aprovechamientos cinegéticos han sido consentidos durante todos estos años sin que nadie hasta ahora se haya preocupado de preparar un plan de compensaciones a las juntas vecinales, que son las titulares de este aprovechamiento. La misma preocupación vecinal no se reproduce con la madera, puesto que desde 1978 no se ha producido una tala con fines comerciales en este municipio, como prohíbe la nueva ley. Sajambre será el territorio más perjudicado, pues existe una arraigada tradición de explotación de madera en finca. «Exigimos que exista un plan que ayude a gestionar este territorio. Nosotros, de momento, tenemos una sentencia a nuestro favor», recuerda Belarmino Posada, presidente de la Asociación de Propietarios y Afectados por el Parque Nacional de Picos de Europa, refiriéndose al fallo del Tribunal Supremo que paralizó en el 2005 el PRUG porque no existía un régimen económico de compensaciones en el área de influencia. Esta situación mantiene sin hoja de ruta la gestión del parque nacional. La reiterada oposición vecinal a las limitaciones que impone una figura de protección como la de Picos de Europa ha logrado mantener la excepcionalidad de este espacio en muchas ocasiones, pero la sentencia que otorga la dirección directa de los parques nacionales a las autonomías y ahora la Ley de Parques Nacionales obligan a partir prácticamente de cero en muchos aspectos. Futuro incierto de la plantilla Por ejemplo, la situación laboral. Las 70 personas que dependen del parque -veinte están en la vertiente leonesa- padecen una situación de desconocimiento total respecto a su futuro, según confirmaron fuentes del comité de empresa. A pesar de reiterados requerimientos, no saben si dependerán de un futuro consorcio o de cada autonomía, pero señalan que los trabajadores de parques ya trasferidos cobran de 300 a 500 más al mes.