La Fiscalía y el Poder Judicial investigan si hubo irregularidades en el caso Otegi

La controversia provocada por el caso Otegi entre el mi­nisterio público y los jueces no amaina. La Fiscalía Gene­ral del Estado y el Consejo General del Poder Judicial han ordenado abrir sendas investigaciones para llenarse de argumentos con los que de­fender la actuación del fiscal Fernando Burgos, quien retiró las acusaciones contra el por­tavoz de Batasuna, y el trabajo de los magistrados, quienes in­sistieron en la culpabilidad del procesado a pesar de tener que dictar su absolución. El departamento que dirige Cándido Conde-Pumpido ha reclamado a la secretaría gene­ral técnica un pormenorizado resumen de todas las actuacio­nes por parte de la Audiencia Nacional y del ministerio pú­blico desde julio del 2001. El entonces fiscal general, Jesús Cardenal, ordenara investigar las palabras de Arnaldo Otegi durante el entierro de la etarra Olaia Castresana en el cemen­terio donostiarra de Polloe. Conde-Pumpido se ha mar­cado como primer objetivo sa­ber si se «ajusta a derecho» la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en la que los magistrados lamen­taron que la Fiscalía hubiera retirado sus acusaciones pese a que, en su opinión, había «prueba de cargo directa, ob­jetiva y suficiente». Por otra parte, el pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobará mañana un texto de apoyo a los jueces de la Audiencia Nacional que absolvieron a Arnaldo Otegi, y en el que probablemente habrá críticas a la actuación de la Fiscalía.