El fiscal solicita al Tribunal Supremo que ratifique la sentencia que puede enviar a Otegi a la cárcel

La Fiscalía pidió ayer al Tribunal Supremo que ratifique la sentencia de la Audiencia Nacional que en el 2006 condenó a Arnaldo Otegi a 15 meses por un delito de enaltecimiento del terrorismo en el homenaje al fallecido dirigente etarra Argala, celebrado el 21 de octubre del 2003. El Supremo emitirá en breve un fallo, posiblemente hoy, sobre el recurso de casación presentado por el portavoz de la ilegalizada Batasuna. Si el Alto Tribunal ratifica la condena, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional podría acordar su ingreso en prisión en aplicación del artículo 80 del Código Penal. Este artículo prevé que la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años puedan quedar en suspenso mediante una resolución motivada en la que «se atenderá fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto, así como a la existencia de otros procedimientos penales contra éste». Dado que Otegi cumple esos dos requisitos que marca la ley-está procesado como dirigente de ETA y tiene abiertos otros cuatro procesos por delitos de terrorismo-, lo más probable es que la Audiencia decida enviarle a la cárcel. La defensora de Otegi, Jone Goirizelaia, reclamó la anulación de la sentencia y arguyó que el portavoz de Batasuna, en el 2003 parlamentario vasco, sólo participó en un acto político en Amorebieta (Vizcaya), e hizo uso de sus derechos a la libertad de expresión, ideológica y a la participación política. Considera que su cliente no ensalzó actos de terrorismo, que se limitó a decir que Argala era un hombre con «una adecuada visión de futuro» y un acertado planteamiento sobre Euskal Herria, y que, en cualquier caso, «se puede decir que hay afinidad ideológica, pero no que promovió actos terroristas». Aseguró que la Audiencia aplicó «el derecho penal de autor», porque no condenó a alguien por haber dicho unas frases sino que lo hizo porque quien las dijo fue Otegi.