La Ley contra la violencia de género no logra frenar el número de víctimas
La Ley Integral contra la Violencia de Género lleva dos años de recorrido y sus virtudes no han conseguido garantizar plena eficacia ni frenar la sangría de mujeres muertas a manos de sus parejas, 40 en lo que va de año. Lo dicen las organizaciones de mujeres, impulsoras y máximas defensoras de la actual ley, que reclaman más medios para mejorar la protección a las mujeres maltratadas en situación de riesgo. Convocados por Amnistía Internacional (AI), estos colectivos hicieron pública una valoración «muy positiva» del conjunto de la ley, pero crítica con algunos aspectos de su desarrollo. Su conclusión es que la respuesta institucional no está siendo lo eficaz que debiera. Algunos de los derechos que la norma concede a las víctimas de violencia machista «aún están sólo sobre el papel y no en la realidad», aseguró Eva Suárez-Llanos, responsable de campañas de AI. Faltan juzgados especializados, faltan efectivos policiales para procurar protección en los casos más graves, falta formación específica en todos los sectores implicados en la ayuda integral a las mujeres, los protocolos sanitarios de detección de malos tratos en la atención primaria apenas empiezan a aplicarse ahora, y la asistencia a las víctimas es muy desigual según las comunidades autónomas, entre otras carencias que denuncian en el informe Pongan todos los medios a su alcance, por favor . El 74% no denuncian El capítulo jurídico es, a juicio de las organizaciones firmantes, uno de los que más flojea. Las mujeres maltratadas no siempre disponen de asistencia letrada al acudir a un juzgado, y los fiscales a menudo dejan que decaiga una denuncia si, días después de presentarla, la víctima no se ratifica en sus primeras acusaciones. Es lo que le ocurrió a Asun, asesinada a puñaladas por su marido el día 2 en Vitoria. Otro dato inquietante, revelador de que algo falla, es que tres de cada cuatro mujeres muertas a manos de sus parejas o ex no habían presentado denuncia alguna, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ese hecho constituye por sí mismo «un fracaso», reconoció Abril. «Queda una bolsa inmensa de silencio y de impunidad que debe aflorar», aseguró.