Prohíbe que se incineren los cuerpos de los militares por si hubiera que hacerles otra autopsia
El juez Grande-Marlaska decide investigar el atentado del Líbano
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska abrió ayer una investigación por el atentado que el pasado domingo causó la muerte de seis militares españoles en el Líbano. Su primera medida fue prohibir a sus familiares que incineren los cadáveres, por si hubiera que practicarles una segunda autopsia para aclarar algunos aspectos de la investigación. La pasada madrugada les fue practicada la primera autopsia en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, que fue remitida al juez togado militar. Los cuerpos sí podrán ser enterrados, incluido el del soldado Jéfferson Vargas, el único que será sepultado en Colombia. Grande-Marlaska actuó de oficio basándose en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que los tribunales españoles son competentes para conocer los hechos cometidos fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como terrorismo, entre otros delitos. El juez ha pedido informes a los ministerios de Defensa y Exteriores. La investigación de Marlaska tiene dos precedentes en la Audiencia Nacional: el asesinato en Irak de los miembros del CNI y el accidente del Yak-42. El juez Fernando Andréu, una semana después de la muerte de los siete espías el 29 de noviembre del 2003, abrió un sumario para aclarar lo sucedido. La causa se archivó poco después, el 13 de febrero de 2004, ya que, según el instructor, los asesinatos estaban siendo investigados por las fuerzas de ocupación desplegadas en la zona. Tras el accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares que regresaban de una misión en Afganistán, la Audiencia Nacional abrió una doble investigación para aclarar si hubo negligencias en la identificación de cadáveres y conocer el sistema de contratación del vetusto aparato. El pasado 1 de junio, el propio Grande-Marlaska aseguró que no veía delito en la forma de la contratación, pero mantuvo abierta la causa contra los médicos y las autoridades militares que identificaron de forma errónea los restos mortales.