El Ejecutivo busca cómo llenar de contenidos su final de legislatura

El Gobierno busca con qué llenar el tiempo que queda de aquí al final de la legislatura. José Luis Rodríguez Zapatero presume de haber desarrollado en tan sólo tres años un programa político concebido para ocho, pero el logro plantea ahora un problema: a menos de nueve meses para las elecciones generales no quedan proyectos estrella que presentar a los electores. El balance legislativo será prácticamente idéntico al empleado en la campaña para las autonómicas y municipales de mayo, en las que el PP logró mejores resultados de lo que los socialistas habían previsto. El Ejecutivo es consciente de que, hasta ahora, ha tenido serias dificultades para colocar su mensaje. Esta semana concluyó el penúltimo período de sesiones en el Congreso, con la aprobación de una batería de leyes de calado social con las que los socialistas aspiraban a marcarse un tanto, como la ley que da carácter oficial a la lengua de signos, la reforma de la ley electoral que permitirá a los ciegos votar en las elecciones o el Estatuto del Trabajador Autónomo. El debate provocado por la muerte de seis soldados en el Líbano y la noticia del regreso a España de Rodrigo Rato terminaron por eclipsarlas. Algo similar ocurrió con la potente ley de Dependencia, aprobada esta primavera. El Gobierno admite que no ha calado en la opinión pública como, a su juicio, merecía. Y hasta su principal artífice, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, avisa de que el hecho de que las competencias sanitarias estén en manos de las comunidades autónomas puede hacer que sean ellas quienes la rentabilicen en términos políticos. Por eso, Zapatero ha reclamado un esfuerzo de comunicación tanto a sus ministros como a su partido: «Tenemos mucho y bueno que contar». Negociación difícil En el último mes, los Consejos de Ministros han dedicado casi más atención a los informes ministeriales que a medidas legislativas. No hay opción, dicen, para intentar sacar adelante nuevas iniciativas desde una mayoría minoritaria. El tramo final de legislatura estará marcado por la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y los antiguos socios abandonarán toda complacencia para marcar perfil propio ante la cercanía de las elecciones. Las circunstancias dificultan también el desbloqueo de proyectos como el de la polémica ley de la memoria histórica, una apuesta personal del propio Zapatero, o la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Los asesores gubernamentales buscan aún así propuestas de tramitación fácil y, en algunos casos, encuentran. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, puso este mes sobre la mesa el proyecto de ley de adopción internacional que se tramitará por la vía de urgencia. Gestión En cualquier caso, muchos en el Gobierno y en el PSOE restan importancia a la falta de impulso legislativo. Dicen que es habitual que en el último año de legislatura haya cierta sequía en este terreno y recuerdan que también los populares encararon su último año en La Moncloa sin grandes iniciativas entre las manos, dedicados a la gestión de los proyectos en marcha. Además, sostienen que pese a los decentes resultados obtenidos por el PP en las municipales, todo pinta bien. Fuentes del Ejecutivo aseguran que las mismas encuestas que pronosticaron una caída aún más estrepitosa de la que finalmente obtuvieron los socialistas en Madrid, arrojaban buenos resultados para Zapatero en unas hipotéticas generales. La imagen de legislatura agotada que, casi desde que se formó el Ejecutivo socialista, se ha incentivado desde las filas populares será exorcizada con medidas de carácter administrativo que faciliten la vida a los ciudadanos. Una crisis de Gobierno que permita dar nuevos bríos a los ministerios más ensombrecidos está descartada, a juicio de las fuentes consultadas que, no obstante, recuerdan que este tipo de cambios competen en exclusiva al jefe del Ejecutivo. Las mayores preocupaciones de los socialistas están en otro ámbito. Por ejemplo, esperan en cualquier momento una oleada de atentados por parte de ETA, el hecho de que Rajoy haya enterrado el hacha de guerra hace pensar que el coste político del fallido proceso de paz no será elevado, la reacción del PP tras la muerte de los soldados en el Líbano o el anuncio de que pedirá explicaciones sobre las conversaciones con los terroristas durante el debate.