El campo exige que se pague lo mismo por cultivar remolacha que por dejarla

Con 100 años de trayectoria, el sector interprofesional remolachero afronta en España una encrucijada que condicionará el futuro de este cultivo en la provincia leonesa para el futuro. Abandonar, con el dinero que la UE aporta de señuelo para conseguir el porcentaje de bajada del 50%, o seguir a pesar del caramelo y lograr que se impulse un cultivo que es imprescindible para la supervivencia del campo leonés. El fiel de la balanza permanece pendiente de que se adopte un acuerdo por el que el beneficio en ambos casos sea el mismo por cada tonelada, ya sea de producción o de abandono, algo que se decanta ahora en favor de la salida y cesión de los derechos de cultivo, que podría originar una desbandada sin vuelta atrás. La consecución del acuerdo interprofesional tiene como tiempo límite los meses de septiembre y octubre. «Si no se logra, sería el ministerio quien decidiese o, en último caso, la secretaria de Agricultura de la CE, Mariann Fisher Boel», advierte Matías Llorente, máximo representante del sindicato Ugal, quien aboga por unificar posturas mediante un documento por el cual «se solucionen los problemas de quienes han abandonado, se dé salida a los que quieren salir y se garantice que la rebaja de la remolacha no supera el 50%». La receta se resuelve mediante un cálculo en el que «el abandono sea proporcional a lo que se tiene para que no cobren todo los que se van». «Si se tienen 1.000 toneladas y se acuerda que cada uno rebaje el 20%, se ceden 200 toneladas, que se recuperarán como producto de A+B al año siguiente porque la demanda se mantiene al alza», ejemplifica. En ausencia de un consenso con el que delimitar las cantidades, el secretario general del sindicato leonés alerta de que «los únicos agricultores que cobrarían serían aquellos de zonas en las que se cerrara la fábrica azucarera». «La previsión es que echen el cierre dos en Andalucía y la de Peñafiel, mientras que seguirán las de Miranda de Ebro, Toro y La Bañeza, además de la de Acor. Así que aquí, nada», avisa Llorente. Siete euros de diferencia La división a la mitad establecida por la UE promueve que del millón de toneladas de azúcar se pase a 500.000, con lo que se acometería una reestructuración «en la que se han perdido dos campañas». Mientras la industria exige que se haga a dos años -al tiempo que se le asigna el refinado de azúcar que viene del exterior, con lo que conserva el mercado interno y no pierde-, los agricultores calculan que si no se hace ahora el precio de la tonelada será de 29 euros, en contraposición a los 36 euros por tonelada que se conseguirían con la consecución de la medida, que «llegarán a ser 40 en las próximas campañas, si se confirman las ayudas, pero sólo para quien tenga cupo y derecho», apunta el sindicalista. Esos siete euros de diferencia «tiene que ponerlos alguien», lanza Llorente, quien propone que la empresa «ponga 4 de esos euros» y recuerda que «la Junta se comprometió a aportar 3 euros de ayuda». «Ahora, es el momento de la realidad, cuando las palabras de apoyo al cultivo se deben concretar en algo material», señala el representante de Ugal, quien aprovecha para citar que «en el País Vasco el gobierno autonómico es quien va a poner esta cantidad».