Los implicados en el caso Gescartera piden que se juzgue a cargos de la CNMV

Las acusaciones que representan a los afectados por el presunto fraude de Gescartera reclamaron ayer al tribunal que enjuicie a quienes conformaban la cúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2001, año en que estalló el escándalo, y al entonces «número dos» del Ministerio de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna. Los abogados aprovecharon el comienzo del juicio para pedir a los magistrados que den marcha atrás hasta el 29 de abril de 2005, fecha en que se fijó la lista de los catorce acusados. La juez instructora Teresa de Palacio procesó a los gestores de la sociedad de valores y a dos empleados de La Caixa, pero dejó fuera a los implicados políticos. La iniciativa, propuesta por la organización de consumidores Adicae y a la que se sumaron catorce acusaciones, pretende llevar a juicio a la ex presidenta de la CNMV, Pilar Valiente; al ex vicepresidente, el ex diputado del PP Luis Ramallo; al entonces secretario del consejo del órgano regulador, Antonio Alonso Ureba, y al secretario de Estado de Hacienda, Giménez-Reyna. Pilar, hermana de este último, era la presidenta de Gescartera y permitió a los administradores de la sociedad relacionarse con los altos cargos del Gobierno de Aznar. La jueza instructora excluyó a los implicados políticos en el escándalo de Gescartera de forma tácita, es decir, no incluyéndoles en la lista de acusados. Las partes que pedían su procesamiento presentaron recursos contra esa decisión y, según argumentaron ayer, todavía no han recibido respuesta. El letrado de Adicae, Miguel Ángel Roca, explicó que también pretenden que se procese como responsables civiles subsidiarios a los bancos HSBC, Bankinter y Deutsche Bank, así como a la auditora Deloitte, todas ellas sociedades de las que Gescartera fue cliente. Hipotecas para Camacho La primera vista oral del «caso Gescartera» estuvo dedicada a la petición de pruebas y a la exposición de cuestiones previas. El elevado número de partes dio lugar a una sesión trabada, tediosa y cuajada de argumentos técnicos. Entre lo más destacado, el letrado de Construcciones Rico, una de las sociedades afectadas, reclamó que se cite como testigos a los empleados de Bancaja que hace unos meses concedieron al principal acusado, Antonio Camacho, tres hipotecas por un montante total de 1,18 millones de euros. Todo ello a una persona que tiene las cuentas intervenidas y que, caso de ser condenado, tendrá que hacer frente a cuantiosas multas. Camacho pidió los préstamos para comprarse un chalé en el exclusivo barrio de Bobadilla del Monte (600.000 euros) sobre un piso en la calle Caracas de Madrid (539.000 euros) y una plaza de garage (48.805 euros) en el mismo inmueble, donde el dueño de Gescartera ha montado una asesoría fiscal y financiera. A juicio del letrado, la entidad financiera aprobó las hipotecas porque «detrás tiene que haber garantías internas o fiduciarias» que, caso de aflorar, habrán de ser tenidas en cuenta si el acusado debe hacer frente a la sanción reclamada. Más CNMV Por su parte, la defensa de Camacho y de su mujer, Laura García Morey, pidió que se llame a declarar como testigo a Juan Fernández Armesto, el antecesor de Valiente al frente de la CNMV, y a Ramiro Martínez del Valle, director de supervisión del órgano regulador. El organismo, según mantuvo, era «consciente del déficit patrimonial de Gescartera» desde que la inspeccionó en los ejercicios 1993 y 1994. El representante de Caja Madrid, que junto a La Caixa han sido declarados como posibles responsables civiles subsidiarios pidieron la nulidad de las actuaciones. Carlos Aguilar recordó que no hay acusado ningún empleado de la entidad financiera, al contrario que en el caso de la caja catalana. Argumentó, además, que no se ha determinado ni en que sucursal se cometió el delito ni en qué cuantía. «Se nos nombró responsables civiles dos semanas después de que el Estado quedase exonerado», terminó por insinuar. PRÉSTAMOS DE DUDOSA LEGALIDAD Millones de euros Bancaja podría ser investigada para explicar el montante ortorgado a Antonio Camacho para financiarse varias propiedades de lujo