Diario de León

Unos 200 rumanos se quedan en las fincas para evitar la demolición

Una multitudinaria manifestación paraliza el derribo en Cañada Real

Familias enteras de marroquíes caminaron 10 kilómetros para pedir una solución pacífica

Numerosos vecinos se dirigen a la Junta Municipal de Vicálvaro

Numerosos vecinos se dirigen a la Junta Municipal de Vicálvaro

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efe | madrid

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Una juez de lo contencioso-administrativo de Madrid ha renovado «el aplazamiento de desalojo» de siete familias rumanas del asentamiento de la Cañada Real Galiana «de forma indefinida», han explicado fuentes de Cáritas. Según esta asociación, que asesora jurídicamente al colectivo, ayer terminaba el aplazamiento de derribo anterior que la juez había concedido a estas siete infraviviendas, que se encuentran ubicadas en dos parcelas de unos 2.000 metros cuadrados cada una. Los responsables de Cáritas han afirmado que en las próximas horas comunicarán a los vecinos la decisión, ya que, desde primera hora de la mañana, unos 200 rumanos esperaban en las fincas para evitar una intervención en el caso de que la jueza autorizase el desalojo. El portavoz de Cáritas ha destacado que «el ritmo al que funciona ese juzgado va a alargar bastante el desalojo» y ha insistido en que «por mucho que quiera el Ayuntamiento no va a ser tan fácil sacar de allí a esas familias». Familias enteras de marroquíes protagonizaron ayer una marcha a pie de 10 kilómetros por la autovía de Valencia, para pedir una solución pacifica a sus viviendas ilegales de Cañada Real, tras la batalla campal vivida ayer por el derribo de una casa que terminó con más de 20 heridos y 9 detenidos. Cien manifestantes Los manifestantes, cerca de un centenar, tardaron unas tres horas en llegar hasta la madrileña Junta Municipal de Vicálvaro, donde solicitaron la legalización de sus casas y afirmaron su miedo a que pueda haber muertos si la policía vuelve a este poblado a ejecutar una nueva orden de desalojo, aunque nadie en la zona sabe a ciencia cierta si habrá mas. El propietario de la casa derribada, Abdul, un obrero de la construcción, de 30 años, y originario de Tánger, reafirmó este temor: «Si vienen otra vez va a haber muertos». Algunas mujeres colgaron carteles en sus viviendas para rechazar «el desalojo racista», y protestaron porque los medios han confundido los sectores de la Cañada y en el suyo, dijeron, no hay drogas ni tampoco chabolas. Efectivamente las casas son todas de construcción, de dos y tres alturas, con patios interiores, y algunas bastante amplias y con jardín. La Coordinadora de las asociaciones de vecinos de este zona les da la razón y «desmiente» que la Cañada sea un lugar de delincuentes, vendedores de drogas e infraviviendas.

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