El tribunal confirma la autoría islamista

«Texto 2 líneas» NOMBRE, cargo Hubo sorpresas, pero sólo relativas. El tribunal del 11-M hizo pública ayer un sentencia que, a expensas de una lectura detallada, va a dejar cerrado judicialmente el tema, porque responde de forma contundente a las cuestiones que habían suscitado mayor polémica a lo largo de los cuatro meses y medio de juicio. Hubo algunas absoluciones más de las esperadas, sobre todo en el entorno de las víctimas, pero que no pillaron por sorpresa a los técnicos que conocían más de cerca el proceso. La mayoría son fruto de la libre valoración de la prueba, que es competencia plena del tribunal juzgador, y éste optó por no forzarla en aquellos casos en los que era más bien escasa. Entre ellas, la más sonada fue la de Rabei Osman, el Egipcio, que ya que fue condenado en Italia por pertenencia a grupo terrorista y no puede ser penado dos veces por un mismo delito. También hubo condenas contundentes, especialmente para dos de los acusados como autores materiales, Jamal Zougham y Othman El Gnaoui (42.982 años de cárcel a cada uno), y para el ex minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras (34.715 años), a pesar de que se reconoció una atenuante de «anomalía psiquiátrica». La mayoría de los acusados son condenados a las máximas penas legales previstas en la legislación vigente por pertenencia a banda terrorista (12 años de cárcel y 15 para los que ostentan la condición de dirigentes). Y eso por la «extrema gravedad de los hechos, la mayor peligrosidad y lesividad del terrorismo yihadista, su carácter internacional con ramificaciones en múltiples países, su estructura multiforme y el carácter fungible de sus miembros, la delincuencia asociada a su actividad terrorista, así como el desprecio absoluto por la vida, la cultura y la forma de pensar de los que no comparten sus creencias», dice literalmente la sentencia. Contundencia del presidente Lo que más ha impactado de la lectura del resumen de la sentencia que hizo ayer el presidente del tribunal fue la contundencia con la que despachó las cuestiones más manidas durante el juicio oral por algunas acusaciones y por la mayoría de las defensas afectadas: la furgoneta Kangoo de Alcalá no es un montaje policial -en su interior había detonadores como los utilizados en las explosiones-, la mochila de Vallecas tampoco es un montaje policial y no se rompió en ningún momento la cadena de custodia. Todos los detonadores tienen un punto de conexión común -su procedencia de Mina Conchita- y está probada la relación de los móviles utilizados por Jamal Zougam y el resto del grupo terrorista. El tribunal tampoco alberga ninguna duda sobre lo ocurrido en Leganés, donde se suicidaron siete terroristas que participaron en los atentados. La denominada trama asturiana ha recibido un trato desigual. La sentencia, que da plena validez al testimonio del Gitanillo, deja prácticamente zanjada la cuestión de la procedencia de los explosivos (Mina Conchita) y que el suministrador de los mismos fue Suárez Trashorras. El fallo absuelve a los hermanos Toro Castro, a Emilio Llano y a Iván Granados por falta de pruebas, y condena al resto de los acusados, peones de Trashorras, a penas mínimas. Transparencia Los principales canales de televisión árabes destacan la sentencia, mientras varios expertos alaban la transparencia del proceso aunque lo consideran insuficiente para detener el terrorismo islámico. Tanto la cadena qatarí Al Yazira , que abre sus informativos con esta noticia, como el canal Al Arabiya, de Emiratos Árabes Unidos (EAU), centran su atención en las sentencias del juicio y en especial las emitidas contra Jamal Zougam, José Emilio Suárez Trashorras y Otman El Gnaoui, que fueron condenados a más de 38.000 años cada uno. También se hace eco de la absolución contra el egipcio Rabei Osman El Sayed. Un fallo garantista. El tribunal optó por absolver a todos aquellos acusados contra los que las pruebas no eran contundentes. es necesario. Condenas severas. Los principales condenados lo fueron, en la mayoría de los casos, a las mayores penas previstas por la legalidad vigente. es necesario. Generosa con las víctimas. La sentencia contempla indemnizaciones que, según los casos, oscilan entre 30.000 y 1,5 millones de euros, para las víctimas. Indemnizaciones que saldrán de las arcas del Estado.