Víctimas del 11-M demandarán al Estado por el descontrol sobre los explosivos

Algunas víctimas de la masacre islamista del 11-M ya han tomado la decisión de demandar al Estado por haber permitido un «absoluto descontrol» sobre los explosivos en la asturiana Mina Conchita. La sentencia dictada el miércoles certifica que fue este descontrol en la explotación el que permitió a los terroristas lograr la dinamita necesaria para volar los cuatro trenes de cercanías y asesinar el 11 de marzo de 2004 a 191 personas. El abogado Gonzalo Boye, que ejerció la acusación durante el juicio en nombre de una viuda por los atentados y de su hijo pequeño, ya recopila el material preciso para presentar una demanda contencioso administrativa contra el Estado. Lo hará en cuanto el Tribunal Supremo declare firme la resolución judicial y los hechos probados. El letrado considera que el entonces Gobierno del PP no estableció ni la legislación adecuada ni los controles policiales y administrativos necesarios para terminar con el desbarajuste que afectaba a la mina asturiana y a otras explotaciones similares. La sentencia aporta la base Boye sostiene que la sentencia establece una base más que suficiente para poder exigir la responsabilidad del Estado ante los tribunales y su condena, aunque sea simbólica. El tribunal de la Audiencia Nacional, además de afirmar que «toda o gran parte» de la dinamita que estalló en los trenes procedía de Mina Conchita, asegura en los fundamentos jurídicos que «fue la falta absoluta de control sobre los explosivos y los detonadores que había en la mina, unida a la connivencia de alguno de los trabajadores con un procesado (Suárez Trashorras), lo que propició que se pudieran distraer cantidades relevantes de dinamita». El letrado no sólo basará la demanda contra el Estado en la mina sino también en el inadecuado funcionamiento de algunos cuerpos de seguridad del Estado, en especial en la falta de investigación por la Guardia Civil de las pistas que proporcionó el confidente y condenado Rafá Zouhier, el mediador en la compra-venta de los explosivos. El tribunal dice en la sentencia que no es competente para entrar en ese punto, pero destaca «el poco control de los controladores sobre el controlado». La actuación contra el Estado irá acompañada de otra demanda civil contra la empresa Caolines de Merillés, la propietaria de Mina Conchita.