Rajoy quiere variar la Constitución para que las políticas de Estado se consensúen

El presidente del PP, Mariano Rajoy, adelantó ayer que si gana las próximas elecciones impulsará una reforma constitucional que, entre otros objetivos, garantice que cualquier política de Estado tenga que ser pactada por los dos grandes partidos nacionales, el PP y el PSOE. Rajoy explicó que trata de evitar que se repita lo ocurrido en esta legislatura, como es que el PSOE saque adelante varias leyes de relevancia estatal con el único apoyo de partidos nacionalistas. «Lo más grave que ha ocurrido estos años es la liquidación del consenso sobre el modelo de Estado por parte del PSOE», comentó. La fórmula para establecer el consenso obligado por ley es elevar en la Constitución y en las normas las mayorías necesarias para sacar adelante reformas de calado. La medida fundamental es el establecimiento de una mayoría de dos tercios en el Parlamento para aprobar cualquier reforma de un estatuto de autonomía. El resto de las iniciativas esbozadas por Rajoy se centran en el mundo de la justicia. Propondrá que para el cambio en las leyes que regulan el funcionamiento del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional no sirva con las mayoría absolutas actuales sino que tengan que ser respaldadas por tres quintos de los miembros de las cámaras. Con la intención de «fortalecer la independencia y la imparcialidad» de los tribunales, anunció que hará que los propios jueces sean quienes elijan entre ellos a 12 de los 20 vocales del Poder Judicial -en este momento es el Parlamento quien designa a todos- y que los magistrados del Constitucional sean elegidos entre los profesionales más acreditados y experimentados, que lleven al menos 30 años de ejercicio. Los juristas del Constitucional, que en la actualidad son renovados cada nueve años, permanecerían en su puesto, inamovibles, hasta la edad de jubilación. Estas modificaciones se enmarcan dentro un reforma constitucional que tiene como objeto fundamental preservar el control del Estado sobre los asuntos que afectan a la «unidad de acción, coordinación y defensa de los intereses generales». «España es de todos», dijo Rajoy, antes de añadir que «si no lo hacemos nosotros no lo hará nadie». La reforma planteará una lista cerrada e intransferible de competencias estatales, entre las que estarán la defensa, la política exterior, la seguridad, la coordinación de las fuerzas de seguridad, las bases de coordinación de la política económica -entre ellas la unidad de mercado-, y la coordinación contra catástrofes naturales. Junto ello, considera que se deben fortalecer las competencias legislativas estatales en urbanismo, vivienda e inmigración, que hay que asegurar la obligación de la enseñanza en castellano, la igualdad de las prestaciones sanitarias y sociales, y la distribución de recursos naturales y de ingresos públicos.