El Supremo condena a Atutxa por no disolver el grupo Socialistas Abertzales

La Sala de lo Penal del Supremo condenó ayer el ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa y otros dos miembros de la Mesa de la Cámara por un delito de desobediencia grave a este alto tribunal al no haber cumplido en el 2003 la orden de disolver el grupo parlamentario Socialistas Abertzales (SA), formado con los diputados elegidos en las listas autonómicas de Batasuna. El Supremo ordenó a la Cámara de Vitoria esta medida en abril del 2003, días después de decretar la ilegalización de Batasuna y de sus demás marcas electorales, y le reiteró la orden en sucesivas ocasiones durante todo el verano y el otoño de ese año sin lograr que se ejecutase. La mayoría de los doce miembros que forman la Sala de lo Penal, tras unas cinco horas de deliberación, acordaron aceptar el recurso de casación presentado por el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias contra la sentencia del Tribunal Superior del País Vasco que, el 5 de enero del 2007, absolvió a Atutxa y a los otros dos encausados, Kontxi Bilbao (IU) y Gorka Knörr (EA), por considerar que no cometieron delito alguno. La resolución derrota no sólo las tesis de la defensa sino también las de la Fiscalía, que se opuso al juicio, a la condena y al recurso por considerar que los tres políticos no cometieron delito alguno. El tribunal en una sentencia que dará a conocer en los próximos días, y a la que varios de los magistrados presentarán votos particulares discordantes, anulará el fallo del tribunal superior e impondrá a los tres acusados una condena de multa y de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos. La cuantía exacta de la multa y el tiempo concreto de inhabilitación no trascendió con el fallo, aunque Manos Limpias pidió al tribunal que condenase a cada uno de ellos a dos años de inhabilitación y a una multa de 108.000 euros, el máximo que permite la ley. La inhabilitación no afectará de forma directa a Atutxa, que en la actualidad ocupa la presidencia de la Fundación Sabino Arana, ni a Gorka Knörr, que ha dejado la actividad política, pero sí que tendrá reflejo inmediato en la vida de Bilbao, que es parlamentaria vasca y cuya plaza profesional, de la que en este momento está en excedencia, la tiene en el Ayuntamiento de Vitoria. El tribunal superior vasco, en la sentencia anulada por el Supremo, consideró que no hubo delito porque los tres acusados no se mantuvieron «pasivos» ante la reclamación del Supremo e «intentaron arbitrar los procedimientos jurídicos para hacer cumplir la sentencia», aunque al final no lograron que el resto de grupos parlamentarios aceptase modificar el reglamento del Parlamento vasco.