Diario de León

La Guardia Civil ratifica que Igor Portu no fue torturado tras su detención Txelis y Pikabea prueban el poco peso de los presos, según el Gobierno

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Joseba García - bilbao colpisa | madrid

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Los ocho agentes de la Guardia Civil imputados en un presunto delito de torturas a Igor Portu negaron ayer ante un juez de San Sebastián que maltrataran al miembro de ETA y atribuyeron las lesiones que le llevaron al hospital al forcejeo que se produjo cuando intentó huir. La Ertzaintza, por su parte, intervino para disolver a decenas de radicales concentrados ante la sede judicial para denunciar los malos tratos. Los guardias civiles que participaron en la operación de arresto y custodia del presunto miembro de ETA Igor Portu declararon como imputados en un presunto delito de torturas en el juzgado de instrucción número 1 de San Sebastián. En una comparecencia que se prolongó durante toda la mañana, los miembros de la Benemérita hicieron suya la versión oficial del Ministerio del Interior, negaron los malos tratos y mantuvieron que las heridas se produjeron durante el forcejos con los etarras. El juez se negó a que declararan tras un biombo al comparecer como imputados, no como testigos. El director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, aseguró ayer que las críticas de los ex jefes de ETA Kepa Pikabea y José Luis Álvarez Santacristina Txelis , a la dirección de la banda ponen de manifiesto el «escaso peso» que los reclusos tienen para la cúpula terrorista. Los dos terroristas comunicaron por carta al resto de internos de ETA que abandonaban la disciplina de la organización armada porque, entre motivos, la cúpula no tuvo en cuenta «la opinión de la mayoría de los presos» al tomar la decisión de romper la última tregua. Mesquida dijo que no le ha sorprendido la «división» y el «malestar» entre el colectivo de reclusos de la banda, habida cuenta del poco interés de los dirigentes etarras por sus presos. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, por su parte, señaló que el Ejecutivo «no hace ninguna interpretación ni ninguna valoración de los miembros de una organización terrorista».

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