La Audiencia busca en Suiza la recaudación del aparato de extorsión de ETA

La Audiencia Nacional sospecha que los 4,8 millones de francos suizos (unos tres millones de euros) bloqueados desde octubre del pasado año en un banco helvético provienen del cobro del llamado impuesto revolucionario, el chantaje al que ETA somete a los empresarios vascos y navarros. El juez Baltasar Garzón, que desde 1998 investiga la red de extorsión terrorista y que ordenó el bloqueo en Suiza, está a la espera de tener en su mesa las traducciones de las respuestas a sus comisiones rogatorias para aclarar la procedencia de ese dinero. Esta complicada investigación económica internacional que ahora ha visto la luz, explicaron hoy mandos de la lucha antiterrorista, se remonta a julio de 2006. En esas fechas, la Money Laundering Reporting Office of Switzerland (oficina antiblanqueo de la policía suiza) abrió dos investigaciones paralelas sobre posible un lavado de capitales. El órgano antifraude de Berna detectó que el flujo de dinero procedía de una entidad radicada en Liechtenstein. Al mismo tiempo, el principado puso en conocimiento de la Audiencia Nacional la existencia en uno de sus bancos de varias trasferencias realizadas por personas que supuestamente podrían estar vinculadas al entorno de ETA. Garzón, de inmediato, incluyó esas pesquisas en el sumario 86/98 que persigue el impuesto revolucionario. Datos desde Liechtenstein En abril del año pasado, Liechtenstein informó, ya de manera oficial, de que el dinero que había pasado por el principado tenía como origen una cuenta en el BNP francés y como destino Suiza. El dinero estaba gestionado, aseguraron entonces las autoridades de Vaduz, por dos fundaciones. Una de ellas era Koipa, con sede en el principado, al parecer relacionada con Joseba Elosúa, dueño del bar Faisán de Irún y presunto cabecilla de la red de extorsión a empresarios vascos. El dinero de la fundación había sido recibido en Liechtenstein por un fideicomiso abierto a través de un banco en Suiza. Ante estas evidencias, en julio de 2007, el magistrado abrió una investigación independiente sobre este dinero de origen desconocido y envió sendas comisiones rogatorias a Francia y Suiza para indagar sobre su procedencia. En octubre, el juez pidió a Suiza el bloqueo preventivo de los 4,8 millones de francos ante el temor de que el dinero desapareciera.