El Audiencia de Granada absuelve al arzobispo de un delito de coacciones

El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Granada del delito de coacciones y la falta de injurias contra el sacerdote Javier Martínez, por los que había sido condenado por el titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada, Miguel Ángel Torres, a pagar 3.750 euros. La sentencia no puede ser recurrida ante ningún órgano judicial superior, por lo que la absolución del prelado granadino es firme. En cuanto a la falta de injurias, sí han concluido que se produjo, pero no como falta, sino como delito, es decir, con mayor gravedad. No obstante, concluyen que ha prescrito y, por lo tanto, no cabe condena alguna por ello. En primera instancia se reconocía que fue el «enfrentamiento» con CajaSur del actual arzobispo y la vinculación que tenía con la entidad el demandante el origen del conflicto lo que motivó su cese como archivero y conservador de la catedral y luego las diferencias sobre la publicación de un libro sobre la catedral en la que colaboraban gran cantidad de expertos. Fue condenado entonces por entender el juez de lo Penal que se obligó al sacerdote a «paralizar a la fuerza el libro» para conservar su puesto y que la presión fue acompañada de la suspensión de sueldo, un medio coercitivo más sobre su persona para quebrantar su voluntad. El tribunal de la Audiencia resuelve, sin embargo, que puesto que los cargos eran de «confianza» podían ser «removidos» por el acusado, una vez que se hubiera perdido aquélla por la cuestión que fuera. «No es incompatible que esa pérdida se derivara de la vinculación del querellante con CajaSur», consta en la sentencia, que agrega que tal decisión «no tiene encaje en precepto legal alguno». Igualmente, no han quedado acreditada la falta de injurias en base a las expresiones sobre la supuesta apropiación indebida por parte del denunciante de algunos bienes de la catedral. La sentencia no modifica el relato de los hechos del juez Torres, que instruyó el caso Malaya marbellí. Pero reconoce que las conductas que atribuyó el arzobispo al sacerdote que se querelló no eran «afirmaciones de menor entidad» y hacen «desmerecer el honor».