El Gobierno acudirá a la Justicia europea para defender el céntimo sanitario de los carburantes

El Gobierno no dudará en llegar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, si resulta necesario, para defender el llamado céntimo sanitario -que no es más que el recargo que pueden imponer las comunidades autónomas sobre el precio final de los carburantes- frente al expediente sancionador abierto desde Bruselas, y ante el que ahora se abre un plazo de dos meses para presentar alegaciones. Fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda adujeron este miércoles que, en su opinión, se trata de un sistema tributario «a todas luces legal» y, si bien, admitirían abrir una negociación al respecto con las autoridades comunitarias, no están dispuestos a su eliminación. Pero eso es lo que pidió el martes la Comisión Europea al Estado español, al considerar que se trata de un gravamen que no respeta la normativa de la UE porque se aplica de forma directa sobre la tarifas aplicables al consumidor (es decir, aparte de la tasa sobre la venta al por mayor) y, además, carece de una finalidad específica (aunque, en teoría, debería ayudar a financiar el sistema sanitario, lo cierto es que algunas comunidades lo usan como un recurso presupuestario más para sufragar actuaciones de todo tipo). La regulación de este recargo se hizo en 2002 por el anterior Ejecutivo del PP y ya entonces España fue expedientada por ello, pero el relevo de comisarios hizo que el asunto se eternizase en el ámbito administrativo. El céntimo sanitario se aplica sobre el impuesto de ventas minoristas de determinados hidrocarburos.