El juez acusa a cinco altos mandos militares del desastre del Yak-42

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska imputó ayer a cinco mandos militares, que en 2003 desempeñaban altas responsabilidades en el Estado Mayor de la Defensa, un delito de imprudencia grave con resultado de muerte en relación con el accidente del Yak-42, en el que fallecieron 62 militares que volvían de Afganistán. El juez tomó esa decisión a instancias del fiscal del caso, Fernando Burgos, al considerar que incumplieron su obligación de inspeccionar los aviones alquilados para trasladar tropas, pese a que conocían las «lamentables» condiciones de seguridad de esos vuelos. Entre los imputados, que tendrán declarar ante el juez el 23 y 24 de junio, destaca el ex jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Antonio Moreno Barberá, que ostentó la jefatura de las Fuerzas Armadas en la etapa de Federico Trillo. El resto son el general de división Juan Luis Ibarreta, ex jefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon), órgano que contrató el avión siniestrado, y tres subordinados suyos, el contralmirante José Antonio Martínez Sáinz-Rozas, el coronel Joaquín Yáñez-González y el comandante Alfonso Lorenzo Taboada. Los cuatro habían constituido un «grupo de control» para supervisar los vuelos contratados para trasladar soldados, grupo que jamás inspeccionó un solo avión. El juez Grande-Marlaska les atribuye «un delito de imprudencia con resultado de muerte» por sus presuntas omisiones a la hora de controlar el cumplimiento efectivo del contrato suscrito por el Emacon con la agencia de la Otan, Namsa, que actuaba de intermediaria entre los gobiernos y las compañías aéreas.