León aporta energía y capital humano a las regiones que exigen otra financiación

La redefinición de los criterios que decidirán cuál será el modelo de financiación autonómica en los próximos años parece que no tendrá tan en cuenta, como pretenden las autonomías más ricas, los datos de la balanza fiscal, es decir, cuánto aporta cada comunidad a las arcas del Estado y cuánto recibe a cambio. Sin embargo, el solo hecho de relacionar la financiación con la recaudación que la Administración central hace en cada comunidad autónoma ha desatado la caja de los truenos. Tanto que otras regiones, como Extremadura, han exigido que se hagan también públicas otro tipo de cuentas: por ejemplo las balanzas energéticas, las de capital humano o las de inversión industrial. Al margen de que finalmente todos estos parámetros se tengan más o menos en cuenta, y de que pesen más los criterios de población o los de dispersión y envejecimiento, la propuesta del gobierno extremeño pone sobre la mesa una realidad tan oculta en las cuentas públicas como evidente en la economía de las zonas «menos dinámicas», según definición del ministro de Economía, Pedro Solbes. Una realidad en la que Castilla y León, y en concreto la provincia de León, sí tiene algo que decir. Las riquezas que no computan No es ningún secreto, una de las grandes aportaciones de la provincia a la generación de riqueza a nivel nacional es su producción eléctrica. Según los datos del Ente Regional de la Energía sobre el segundo trimestre del 2007, la provincia produce 3,543 millones de megavatios de energía eléctrica, más del 38% del conjunto de la producción de Castilla y León. La comunidad genera un 13% del total de la electricidad nacional. Sin embargo, el consumo eléctrico de la provincia es de algo menos de 600.000 megavatios, un 19% de lo que se consume en la comunidad. Castilla y León gasta menos del 5% de la electricidad del conjunto del país, menos de la mitad de lo que produce. En el caso de León, más del 83% de la energía que se produce se consume en otras zonas del país. En los últimos meses se ha intensificado la demanda política de ofrecer beneficios a las empresas que se instalen en las zonas de generación, como fórmula para incentivar el desarrollo industrial y de compensar a las comarcas que sufren el deterioro de la producción, pero no obtienen a cambio ningún beneficio. A la hora del consumo energético, sin embargo, las cifras son bien distintas. Las empresas industriales de Cataluña, la comunidad más beligerante en el asunto de las balanzas fiscales, gastaron en el 2005 1.742 millones de euros en la compra de productos energéticos que utilizan como combustible, desde carbón o gasóleo hasta electricidad o gas. Es una de las comunidades que más gasta, seguida de Valencia, otra de las autonomías adscritas al carro de «las ricas». Las industrias de Castilla y León gastaron en el mismo periodo poco más de 500 millones en este concepto, según refleja la última Encuesta de Consumos Energéticos del Instituto Nacional de Estadística.