Zapatero se niega a hablar de crisis a pesar del clamor de la oposición

Los datos macroeconómicos mantienen semana a semana el mismo tono negativo con que comenzaron el año -el último, el de la inflación, se elevó al 4,6% en tasa interanual durante junio-, pero el Gobierno se resiste todavía a hablar de «crisis» económica pese a que en la oposición parlamentaria ya existe todo un clamor al respecto. Así quedó patente este miércoles en las dos sedes parlamentarias, tanto el Congreso como el Senado, donde tanto el presidente Zapatero, como el vicepresidente económico, Pedro Solbes, tuvieron que responder a distintas preguntas sobre la coyuntura actual, donde el Ejecutivo evidenció que, a su juicio, no hay nada «crítico» y, como mucho, asume «dificultades objetivas que son conocidas por todos los españoles» y que han cobrado mayor fuerza porque, según recordaron ambos dirigentes, «venimos de un ciclo de alto crecimiento económico y de elevada creación de empleo». El primer cruce dialéctico entre Gobierno y oposición sobre la problemática coyuntura actual fue por la mañana en el Senado. Allí, el presidente dijo que no iba a entrar en «debates conceptuales» y optó por recordar una vez más las once medidas de estímulo económico que fueron aprobadas en consejo de ministros el 25 de abril -la más directa para los ciudadanos es la devolución de 400 euros vía IRPF- y que, según apuntó, en su mayoría empezarán a tener efectos prácticos este mes de junio. Según sus cuentas, supondrán la inyección de 10.000 millones de euros en la economía -lo que debería mejorar entre dos y tres décimas el avance del producto interior bruto (PIB), tanto en 2008 como en 2009-, si bien también se comerán la mayoría del superávit presupuestario previsto para este año. Zapatero incluso volvió a sugerir que, en caso necesario, se implementarían nuevas medidas, pero de nuevo evitó entrar en detalles sobre las mismas. Además, Zapatero anunció que el día 18 se reunirá en La Moncloa con los máximos responsables de las principales patronales Ceoe y Cepyme y de las centrales mayoritarias CCOO y UGT, para iniciar el diálogo social de esta legislatura.