Las asociaciones de la memoria reclaman alEstado que asuma el control sobre las fosas

Todas las asociaciones leonesas orientadas a la recuperación de la memoria histórica -fueron pioneras en España en la investigación de este campo- coinciden en reclamar al Gobierno que asuma la exhumación de fosas del franquismo como «un problema de Estado» y evitar así que familiares y asociaciones aborden un trabajo que requiere especialización y genera un importante coste económico. Los responsables de estos colectivos hacen balance de diez años de exhumaciones y controversias. ¿Por qué no hay un protocolo? La portavoz de la Asociación Pozo Grajero, Ana Aida del Campo, se muestra muy crítica con el papel que se ven obligadas a asumir las familias. «Debería existir un protocolo y cumplirse», asevera. «Abrir una fosa sin el consentimiento de los descendientes de todos los represaliados que estén allí es una falta de respeto a los fallecidos». Del Campo, cuyos abuelos valdeoneses fueron asesinados por el bando falangista, añade: «Además, estamos haciendo desaparecer las pruebas». Esta asociación siempre ha sido partidaria de que se realice un trabajo de investigación a fondo para identificar todas las fosas, primero, y aplicar el protocolo, después. «Ahora mismo, esto es como una ciudad sin ley». En los diez años que han pasado desde que se exhumasen los restos del Pozo Grajero, que dio nombre a esta asociación, Ana Aida del Campo ha percibido algo positivo: «Por lo menos ahora se puede hablar». Derechos sin garantizar Los más afectados son los miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), puesto que prima entre sus trabajos el desenterramiento de represaliados. «La situación no se parece en nada a la de ocho años», afirma el vicepresidente, Santiago Macías, en referencia al tiempo que ha pasado desde que esta entidad realizó su primera exhumación. Fue en octubre del año 2000 en Priaranza del Bierzo, donde se recuperaron los restos de trece personas. «Creo que hemos contribuido a que eso ocurra. Aplaudimos en su momento la Ley de Memoria Histórica, pero seguimos pensando que está incompleta y que no se ha puesto en funcionamiento, como se puede comprobar con la simbología franquista». Macías opina que «en un Estado democrático, los derechos los tiene que garantizar el Estado y no las personas». El presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria Histórica, José María Pedrero, aclara que «son contadas» las ocasiones que los voluntarios de esta organización realizan una exhumación. «Cuando lo hacemos es con ánimo de trasladar a la opinión pública la denuncia de que el Estado no asume las responsabilidades que le competen». En tanto que la federación entiende los fusilamientos como crímenes de lesa humanidad, su máximo responsable propone que sean los jueces y las policías judiciales las que se hagan cargo de este asunto. «Se está privatizando todo esto de manera tremenda», denuncia Pedrero. Según él, y acoplando el argó sindical, «se están externalizando servicios», dice cuando se refiere a la proliferación de sociedades de arqueólogos dedicadas a la exhumación de fosas. Una de sus mayores quejas es la actitud de muchos jueces, que archivan las diligencias argumentando que están prescritas. Las causas se recurren y se elevan ante la Audiencia Provincial, cuyos fallos nunca dan posiblidad de recurrir a instancias superiores, caso del Tribunal Supremo.