Tres personas más fueron detenidas ayer a las 12.00 horas del mediodía en el marco de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción de Baleares por una supuesta trama de corrupción en el Consorcio de Turismo Joven del Govern durante la anterior legislatura del Partido Popular. Así lo han indicado fuentes policiales, que no han confirmado la identidad de estos tres nuevos detenidos ni si se encuentran todavía en dependencias de la Jefatura Superior de Policía Nacional o han salido ya, han puntualizado,
. Las tres detenciones de ayer se suman a las seis personas arrestadas el pasado lunes, de las cuales tres aún permanecen en las dependencias de la Policía Nacional de Palma. El ex director general de Juventud del Govern durante la pasada legislatura, Juan Francisco Gálvez (PP), ha decidido acogerse a su derecho de no declarar después de comparecer ayer en las dependencias de la Policía Nacional por la supuesta trama de corrupción del Consorcio de Turismo Joven. Según fuentes de la Fiscalía, al ex director general se le preguntó dos veces y en ambos casos rechazó hacer declaraciones sobre la presunta trama, por la que en estos momentos se encuentra detenido el ex gerente del Consorcio, Damiá Amengual (PP), que también se acogió ayer a su derecho de no hablar. Gálvez llegó a las dependencias policiales de Palma alrededor de las 10.00 horas junto con su abogado, Bartomeu Vidal -que también ejerce la defensa de Amengual- y apenas estuvo dentro diez minutos. La Policía Nacional prevé que
las diligencias del caso terminen esta tarde, aunque reconoce que es habitual que en casos
se agote el plazo de 72 horas que marca la ley para que los detenidos pasen a disposición judicial.
Altos cargos del PP Entre los detenidos figuran el ex gerente del Consorcio, Damiá Amengual, el jefe de servicios y mantenimiento, Juan Francisco Gosálbez, ambos altos cargos del Partido Popular en la pasada legislatura, y la esposa de este último, María Auxiliadora Pérez. Los arrestados se enfrentan a acusaciones por delitos de malversación, cohecho, prevaricación, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios. La principal acusación se basa en que Gosálbez habría blindado un contrato de alquiler con el Govern en la anterior legislatura -pocos días antes de las elecciones autonómicas- por un valor de 300.000 euros, en concepto de mensualidad por arrendar un local al Consorcio de Turismo Joven. Este local figura como propiedad de una empresa ficticia a nombre del propio Gosálbez y de su esposa y el contrato rubricado implicaba que el Govern, en el caso de prescindir del local, tendría que seguir pagando el alquiler, fijado en 4.500 euros al mes. Asimismo, a los detenidos por la trama de corrupción en Baleraes se les imputa el pago de varias comisiones en diferentes obras.
