Los implicados en la trama solar lograban acelerar sus licencias en casi dos años Todo apunta a que nadie pidió compatibilidad

Más de uno de los funcionarios y altos cargos implicados en el escándalo de autorizaciones de plantas solares habrá aprovechado la jornada de ayer -día de la Asunción de Nuestra Señora- para rogarle a la virgen aquello de: «Virgencita, virgencita que me quede como estoy». Pero, o mucho cambian las cosas, o eso no va a suceder, al menos en buena parte de los casos. Y es que, pese a los días festivos, las vacaciones en la playa y todo lo que lleva consigo el verano, la investigación sigue su curso y teléfonos, portátiles y ADSL están que echan humo por el trasiego constante de llamadas y el intercambio de información, en la que empieza a vislumbrarse qué es lo que hacían estos funcionarios, cómo lo hacían y, sobre todo, qué conseguían. Según las fuentes próximas a la investigación a las que ha tenido acceso este periódico, el negocio de la trama -además del beneficio que les generen las plantas solares- radicaba en agilizar al máximo el proceso, hasta tal punto que, en palabras de estas mismas fuentes, las personas investigadas lograban que toda la tramitación de su planta solar -es decir, desde que solicitaban la autorización, hasta que tenían el huerto solar en funcionamiento- se aceleraba en casi dos años. Los normal, siempre según la investigación, es que una tramitación de este tipo se prolongue más allá de dos años y, a la vista de las pruebas que obran en poder de los técnicos de la inspección general de la Junta encargados de visionar todos los casos, todo apunta a que casi todos los funcionarios tenían su planta en funcionamiento seis o siete meses después de presentar su solicitud. Pero, esta supuesta trama de corrupción iba incluso más allá, porque spuestamente los funcionarios investigados movían los hilos para que sus expedientes de plantas solares no tuvieran problema alguno y su tramitación fuera «rápida y segura», en palabras de la fuentes consultadas por Diario de León. La magnitud del caso hace que la Junta sopese si abrir un expediente para cada funcionario implicado o hacer una macroinvestigación conjunta, con separatas para cada caso. ¿La solución? La semana próxima. «En esta supuesta trama de corrupción podrían haberse dado las circunstancias de información privilegiada, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios» ÓSCAR LÓPEZ, diputado y candidato socialista a la secretaría autonómica del PSOE La Ley de Incompatibilidades obliga a los cargos públicos a comunicar sus actividades y negocios personales fuera de la Administración y a solicitar la compatibilidad con el cargo público para el que ha sido designado. Pues bien, según los primeros indicios con los que trabaja la Junta y a los que ha tenido acceso este periódico, en el caso de las autorizaciones de plantas solares esta petición de compatibilidad no se realizó y tampoco se informó sobre los negocios que estaban llevando a cabo estos altos cargos, extremo este último que ha reconocido el propio delegado territorial, Eduardo Fernández, recientemente. Hay que recordar que esta ley sólo obliga a los altos cargos y no a los funcionarios públicos, a los que la normativa sí les exige, en cambio, que informen y soliciten por escrito su retirada de la tramitación de un expediente si éste les incumbe personalmente o bien a alguien de su familia.