Se retrasa el proceso de ilegalización de ANV y PCTV por un descuido El Congreso pone en marcha la reforma de la Ley Electoral Tapatxulos regresa a Hernani, entregado en secreto por Francia El juez pide a Defensa y a Aena que identifiquen a los testigos d

La deliberación por parte de los dieciséis magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo sobre las demandas de ilegalización de ANV y EHAK-PCTV se ha retrasado unos días debido, entre otras razones, a que el Alto Tribunal ha olvidado habilitar los sábados, domingos y festivos del mes de septiembre. Según fuentes del Supremo el retraso también se debe a una cierta demora en la notificación a ambas formaciones políticas de la resolución. | efe La reforma de la ley electoral echó a andar ayer con el envío por parte de la comisión constitucional al pleno del Congreso de la solicitud para crear la subcomisión que debe emitir un dictamen sobre los cambios que se pueden introducir en la norma vigente desde 1985. Todos los grupos parlamentarios tienen interés en modificar la ley, pero el problema es que sus intereses son contrapuestos, lo que dificultará llegar a un consenso. | efe El histórico etarra Pedro Mari Goikoetxea Elorza, Tapatxulos , ha regresado a Hernani (Guipúzcoa), donde nació hace 66 años, tras ser entregado en secreto el pasado julio por Francia a España, según ha sabido este periódico en fuentes judiciales de los dos países. El juez Baltasar Garzón le dejó en libertad con cargos al día siguiente de que fuera trasladado a la Audiencia Nacional desde la frontera en ambulancia ya que padece secuelas hemipléjicas por un ataque cerebral sufrido en 1996. | efe El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga las escalas en aeropuertos españoles de aviones de la CIA con presuntos terroristas detenidos, ha pedido al Ministerio de Defensa y a Aena que identifiquen a los oficiales de vuelo y controladores civiles y militares de esas bases aéreas. Fuentes jurídicas han precisado que el magistrado solicita una «identificación completa y actual domicilio» de los funcionarios de dicho ministerio o empleados de Aena que hayan intervenido en el control del tránsito aéreo de las bases aéreas de Torrejón de Ardoz, Rota y Morón de la Frontera entre enero de 2002 y diciembre 2006. A finales del pasado mes de mayo, Moreno reclamó los planes de vuelo de dichos aeropuertos entre esas fechas, aceptando así una parte de las pruebas que le habían solicitado el fiscal de la causa, Vicente González Mota, y las acusaciones populares ejercidas por la Asociación Libre de Abogados e Izquierda Unida. Rechazó entonces llamar a declarar como testigos a los oficiales de vuelo y controladores civiles y militares de las bases aéreas, aunque, según las fuentes consultadas, con la identificación que solicita ahora sobre estas personas da un primer paso para citarlos próximamente. Pidió en mayo a los Ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores y a Aena que le remitieran toda la documentación relativa a los vuelos que están siendo investigados y en los que supuestamente se trasladaba de forma secreta a islamistas detenidos por terrorismo para interrogarles. Ismael Moreno, requirió además a esos departamentos que le informasen de quiénes eran los responsables españoles del Comité Permanente previsto en el convenio sobre cooperación para la defensa entre España y EE.UU. desde 2002 hasta 2006. Una treintena de familiares de víctimas de la tragedia de Barajas, se reunieron el jueves en Las Palmas de Gran Canaria para estudiar las ofertas de cinco prestigiosos bufetes de abogados estadounidenses, especializados en accidentes aéreos, para representarlos en el juicio por el accidente. Además, los representantes de otros dos despachos norteamericanos aterrizarán el próximo martes en la capital gran canaria para representar, según aseguran, a una decena de familias. Todos ellos prometen a los afectados que conseguirán cuantiosas indemnizaciones, la diferencia se encuentra en el porcentaje que solicitan por su trabajo y que depende del número de representados o de la negociación con las aseguradoras. Durante más de tres horas, numerosos familiares de los fallecidos en el vuelo JK5022 de Spanair, mantenía un encuentro con el abogado del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Ismael Rodríguez, quien asesoró a los afectados sobre los trámites legales que podrían presentar dependiendo de cada caso y qué tipo de indemnizaciones podrían solicitar, siguiendo las leyes europeas, durante el proceso. Pero el tema principal del encuentro han sido las ofertas que se han recibido por parte de diferentes bufetes estadounidenses, que se ofrecen a ayudar a los familiares interponiendo una denuncia contra Boeing, la compañía fabricante del avión siniestrado, el MD-82. Ayer, el bufete Ribbek Law anunció que ya se ha ocupado de interponer una denuncia en un juzgado de Illinois, en Chicago, contra Boeing, por su posible responsabilidad en el siniestro. Este despacho ya ha sido elegido por tres familias de tres víctimas, pero espera captar cerca de los familiares de los afectados. Para ello debería «luchar» contra otros cuatro bufetes, que presentaron información y documentación que los afectados, aseguraron, estudiarán «con tranquilidad». Según explicaron, la diferencia se encuentra en el porcentaje de las indemnizaciones que reclama cada bufete.