Zapatero asistirá al funeral por las víctimas en Las Palmas previsto para el día 17Sólo uno de losonce heridos en el accidente aéreo continúa en estado graveLa otra realidad delEjército

De puerta en puerta. Así ofertan sus servicios algunos de los bufetes que han desembarcado en las Palmas de Gran Canaria en busca de familias afectadas por el accidente del vuelo JK5022 de Spanair. Ismael Rodríguez, abogado del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y amigo personal de uno de los fallecidos en el siniestro, asegura que hasta su despacho se han acercado representantes de cinco firmas norteamericanas interesadas en tomar parte en el proceso. Rodríguez trasladó la información que le suministraron a los familiares de varias de las víctimas, con quienes se reunió en un hotel del sur de Gran Canaria para explicarles sus derechos en virtud de la legislación española y europea. Mientras los abogados siguen a la caza de clientes, el funeral organizado por el Ayuntamiento de Gran Canaria se aplaza. Programadas inicialmente para el 30 de agosto, las honras fúnebres se celebrarán finalmente el 17 de septiembre. A las exequias, que tendrán lugar en la Catedral de Santa Ana, está confirmada la asistencia del presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, según anunció Juan Fernándo López Aguilar. Sólo uno de los once heridos en el accidente aéreo de Barajas que permanecen ingresados en hospitales de Madrid continúa en estado grave, según el último parte médico facilitado esta mañana por el Servicio Madrileño de Salud. El parte especifica que uno de los ingresados sigue grave, dos están estables dentro de la gravedad, uno evoluciona favorablemente dentro de la gravedad, 4 evolucionan favorablemente y uno permanece leve. El herido grave es Pedro Hernán Gómez, el hombre de 57 años ingresado en el hospital Ramón y Cajal que sufre múltiples fracturas ya intervenidas en miembros y cara. Tiene fiebre y está sedado en la UVI, con ventilación mecánica. El Servicio Madrileño de Salud no informa desde el 3 de septiembre de la situación de María Loreto González, por expreso deseo de la familia. Nunca antes ha habido un número tan alto de mujeres en las Fuerzas Armadas ni el Ministerio de Defensa ha presumido tanto de su sensibilidad hacia las dificultades que acechan al personal femenino por el simple hecho de serlo. La propia ministra, Carme Chacón, presidió esta semana un homenaje a la mujer militar en el que ensalzó sus cualidades y prometió actuaciones para hacer más llevaderos los años de servicio. Guarderías y ludotecas, nuevos uniformes adaptados a sus cuerpos y, en general, un abanico de medidas para facilitar la conciliación laboral y familiar fueron sus ofrecimientos. Pero en las unidades, la modernidad avanza con ritmo propio, alejada de la voluntad política, y el día a día produce situaciones surrealistas como la que viven desde hace dos años una cabo permanente de la Armada y su esposo, también marinero, que al inicio de este calvario servían en dos fragatas F-100, las joyas de la Marina española. Los padecimientos de Sofía -nombre supuesto, por temor a sanciones- para compatibilizar su trabajo y su condición de madre comenzaron poco después de dar a luz a un bebé a finales de mayo de 2006. Tras disfrutar de los días de baja que le pertenecían por maternidad, solicitó unir ese descanso el mes que le correspondía por vacaciones y, aunque al final lo logró, no fue «ni de forma continuada, ni por las buenas, puesto que para negociar con el segundo comandante de mi unidad tuve que hacerlo con la ley sobre la mesa, y aún así tuve que oír alguna que otra lindeza y amenaza», denuncia. Tiempo después, reincorporada a su puesto, Sofía se encontró con un problema de difícil solución. Ella y su pareja -el padre del niño- podían ser movilizados para embarcar al mismo tiempo en los buques F-100 en los que servían, que están constantemente de maniobras desde su botadura. Si eso ocurría, ¿quién iba a hacerse cargo de la criatura? En previsión del desastre, la joven solicitó una reducción de jornada y la exoneración de guardias y navegaciones, y pidió un destino de tierra. Ningún superior atendió sus peticiones, a las que tenía derecho. «Se me negó desembarcar en primera y en segunda instancia, y el comandante de mi unidad me denegó la exoneración de navegaciones», explicó. La razón aducida desde Madrid por el Almirante Jefe de Personal (Alper) es que la instrucción que obliga a desembarcar a uno de los progenitores cuando hay un niño menor de tres años establece que los padres deben constituir un «matrimonio». Cuando llegó el temido día en que Sofía y su compañero fueron llamados en fechas coincidentes para hacerse a la mar, la madre envió una instancia al Arsenal de Ferrol, al comandante de la 31ª Escuadrilla de Escoltas (Comandes 31), que se apiadó de ella y tuvo a bien ordenar que, por el bien del menor, se establecería una prioridad en las navegaciones, y sería él quien decidiría cuál de los dos progenitores embarcaría en cada ocasión. Esa situación, que alivió momentáneamente el calvario de la pareja, a la larga afectó de forma negativa al niño. Ante eso, los dos militares se vieron forzados a celebrar una boda tras catorce años de convivir en pareja para que el Alper estuviera obligado a desembarcar a la mamá. Cuando al fin fue destinada a tierra, también tuvo problemas con sus superiores, molestos por su pretensión de disfrutar de una reducción de jornada y ser exonerada de las guardias cuando su marido navegue. «Eso hizo que tuviese que oír de nuevo lo mala profesional que soy, a pesar de que mis informes demuestran lo contrario», se queja. Sus protestas son una gota en el océano. La Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume) reclamó esta semana a la ministra de Defensa, Carme Chacón, propuestas «serias» para mejorar la situación de las 15.400 mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas, y menos actuaciones «promocionales y propagandísticas». Aume expresó su «indignación» por «la utilización» de mujeres militares como «telón de fondo» para un acto político por parte de la ministra.