Para el Gobierno los siete heridos de Roquetas son sólo incidentes aislados

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó ayer de «caso aislado» el asesinado del joven senegalés en la turística localidad almeriense de Roquetas de Mar la madrugada del sábado y ha afirmado que la Guardia Civil «cree conocer la identidad del asesino» por lo que, a su juicio, en breve se conocerá «la verdad» de lo ocurrido y «se habrá detenido» al culpable. También el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat Ayllón (PP), afirmó o que se trata de «hechos aislados que no tienen que ver con ningún brote» de racismo. «Es una pelea que por desgracia no ha terminado bien», ha manifestado el edil andaluz. Sin embargo, antes de anoche fue la segunda de disturbios en la zona, con cuatro subsaharianos detenidos y un guardia civil herido. Por su parte, 300 inmigrantes se han concentrado esta mañana para dar su explicación de los hechos, que atribuyen al «abandono» de un barrio «marginal». Amat pidió a los 80.085 habitantes de Roquetas, «tranquilidad, sosiego y que demuestren que en la convivencia que ha imperado siempre en Roquetas se siga teniendo». El alcalde, que calificó a su localidad como «ejemplo de convivencia», explicó que hay 25.407 inmigrantes censados, un 30,95% de la población total, una cifra que ha aumentado en un 40% en los últimos cuatro años. Rubalcaba, en declaraciones a Onda Cero, ha añadido que el incidente se produjo por «tráfico de drogas», pero ha apuntado que el fallecido sólo intervino en la pelea como «mediador». «Hay varias versiones pero yo me quedo con la más extendida y es que intervino para mediar», matizó. Protestas de los inmigrantes Más de 300, todos de origen surafricano, se concentraron frente al Ayuntamiento de Roquetas, donde exigieron hablar con el alcalde, que les atendió, y donde leyeron un manifiesto -firmado por asociaciones de inmigrantes de países como Senegal, Mauritania, Ghana, Guinea Bissau o Guinea Conakry y el Sindicato de Obreros del Campo- en el que atribuyen los sucesos al «abandono» y el «desinterés» de las autoridades por un barrio «marginal», con «graves problemas de seguridad e inserción social, laboral y cultural». En el escrito, condenan «enérgicamente» tanto el apuñalamiento como los sucesos que se desencadenaron a continuación y han exigido a las autoridades el «completo esclarecimiento de los hechos», la «imposición de consecuencias penales» al autor del homicidio y la «liberación inmediata» de los ocho inmigrantes arrestados . Asimismo reclaman la depuración de responsabilidades por la demora «en más de una hora y media» de la llegada de efectivos policiales y servicios médicos al lugar de los hechos. Aseguran que si no se toman medidas continuarán con los disturbios y las manifestaciones.