El PP urge al Gobierno una reforma para liquidar el callejero etarra El tripartito se moviliza

El grupo de oposición va a presentar en breve una proposición de ley en el Congreso para modificar la actual normativa de víctimas del terrorismo e introducir una enmienda adicional en la que se obligue a toda las administraciones a retirar cualquier elemento que sirva de exaltación a los terroristas. La portavoz del grupo parlamentario popular, Soraya Saénz de Santamaría, remitió este jueves una carta a su homólogo socialista, Antonio Alonso, y al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que invita al PSOE a respaldar la iniciativa. La dirigente popular insta a los socialistas a «suscribir conjuntamente» la proposición de ley que, en cualquier caso, el PP anuncia que «presentará en el Congreso a la mayor brevedad posible». La misiva de Sáenz de Santamaría es, según explicaron fuentes de la dirección del PP, la respuesta del partido opositor al anuncio «unilateral» del Gobierno de adoptar medidas de control para los terroristas y pederastas excarcelados. El PP considera que el anuncio de los ministros de Justicia e Interior no respetó el acuerdo al que llegaron el 23 de julio José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, según el cual los dos gran des partidos irían de la mano en las grandes reformas legales. Los dirigentes populares, que aseguran que se enteraron de las reformas del Código Penal por los medios de comunicación, hablan de «deslealtad». Una solución inmediata El texto del PP asegura que la proposición de ley daría «inmediata solución al problema derivado de las placas y demás elementos conmemorativos del terrorismo de ETA». En su exposición de motivos, la propuesta recuerda que «actualmente son decenas los miembros de ETA cuyos nombres son dados a calles y avenidas en diferentes municipios del País Vasco y en algún caso Navarra». «Esta proposición de ley -continúa el escrito- pretende dar una respuesta desde la sociedad civil a la incomprensión y al dolor que sufren las víctimas del terrorismo y sus familiares al ver que los asesinos y los terroristas son ensalzados y homenajeados por las atrocidades cometidas». Los dirigentes de los partidos que sustentan en Gobierno vasco (PNV, EA y EB), junto a los de la formación abertzale Aralar, se reunirán hoy en Bilbao para cerrar una respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la consulta planteada por el 'lehendakari' Juan José Ibarretxe y aprobada por la mayoría del Parlamento Vasco en pleno celebrado el pasado mes de junio. Fuentes del Gobierno vasco señalaron que las medidas que se pondrán sobre la mesa intentarán «implicar» a los ciudadanos vascos «porque son ellos, en primera persona, quienes sufrirán el fallo del Constitucional al impedir que se pronuncien sobre cuestiones básicas para su futuro como el fin del terrorismo, la consecución de la paz y el derecho a decidir». PNV, EA, EB y Aralar discrepan de entrada sobre la forma de hacer visible la movilización social. La intención de EA de convocar una gran manifestación y de mantener la consulta prevista para el 25 de octubre a pesar de su prohibición ha chocado con los recelos y la negativa abierta del PNV. El partido que lidera Iñigo Urkullu rechaza la celebración del referéndum porque su línea de actuación pasa por «respetar y cumplir las decisiones judiciales aunque no nos gusten», y una medida como la planteada por EA implicaría «la comisión de un delito» y «situarnos al margen de la ley». «Una cosa es que no nos quedemos quietos y utilicemos el actual marco jurídico y político al límite y otra es que franqueemos la línea de la ley» señalaron las fuentes nacionalistas citadas. Estas fuentes reclamaron «tranquilidad y capacidad de análisis» a sus socios y apostaron por retrasar la convocatoria de una gran manifestación a «momentos más favorables» que podrían coincidir con el inicio del juicio al lendakari Ibarretxe por reunirse con dirigentes de la ilegalizada Batasuna. En este contexto, la reunión de este viernes servirá para perfilar la demanda que a título individual promoverán PNV, EA, EB y Aralar contra el estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La idea inicial de presentar miles de de denuncias se considera inviable dado que cada ciudadano debería recurrir a un notario y abonar la tarifa correspondiente, y todo apunta a que se limitará a la recogida «testimonial» de miles de firmas por la consulta mientras que la denuncia formal correría a cargo del lendakari, su gobierno y los líderes de los partidos que lo sustentan. El tripartito tiene previsto llevar a cabo un acto de adhesión que podría celebrarse el día 16, en un punto y formatos aún por determinar. El líder del PSE, Patxi López, restó trascendencia a estas movilizaciones. En una entrevista a Herri Irratia-Loyla Media, se mostró convencido de que tras la prohibición de la ley de consulta «no va a pasar nada» ya que los partidos que apoyan al gobierno vasco asumen que «no hay masa crítica». El dirigente socialista insistió en que la consulta planteada por el lendakari y declarada ilegal por el Constitucional «divide y enfrenta» a la sociedad y acusó a PNV, EA y EB de «hacer el ridículo».