La Fiscalía critica por ineficaz la política penitenciaria del Gobierno
La Fiscalía General del Estado pone en duda la gran apuesta del Gobierno para tratar de frenar el cada vez mayor hacinamiento penitenciario: las políticas de cumplimientos alternativos y controlados en la calle. La memoria del Ministerio Público, conocida el lunes, se muestra muy crítica con la imposición «masiva» de penas de trabajos en favor de la comunidad y recuerda a los responsables del Ministerio de Interior que las condenas fuera de los penales están provocando multitud de irregularidades e incumplimientos. La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, insistió ayer mismo ante el Congreso que la única salida a la superpoblación carcelaria son esas «penas alternativas», aunque admitió por primera vez la posibilidad de proyectar más cárceles a pesar de ni siquiera los nuevos centros prometidos en noviembre de 2005 están operativos y, en muchos casos, ni han empezado a construirse. La Fiscalía es tajante: hay un «colapso» por el exceso de penas de cumplimiento alternativo (muy extendida entre los condenados por delitos de tráfico) que amenaza con «influir negativamente en el buen funcionamiento» del sistema penitenciario. Medidas alternativas Gallizo reconoció ayer ante la comisión de Interior que el 43,5 por ciento de la población penada española está bajo «medidas alternativas», lo que supone que 39.355 internos que viven en algún tipo de régimen abierto. A pesar de la crisis económica y los problemas de Interior para edificar los centros ya aprobados, las fiscalías se muestran «unánimes» en proponer una solución: «es imprescindible la construcción de nuevos centros penitenciarios para evitar el hacinamiento». Y defienden su criterio por «dificultades que presenta« el cumplimiento alternativo de la pena, sobre todo el «control» real de esas medidas. «Es frecuente la no presentación del penado ante los servicios sociales penitenciarios», critica la Memoria de la Fiscalía General del Estado, que señala que también se dan numerosos casos en los que los reclusos utilizan la escusa del trabajo fuera de la prisión para huir. La Fiscalía General del Estado denuncia asimismo que estas condenas en libertad están siendo violadas sin que haya un castigo.