Internamiento de 60 días para evitar que escapen antes de ser deportados

La reforma de la ley no sólo buscará frenar la llegada de inmigrantes. Interior quiere una legislación que permita una mayor capacidad para expulsar a los irregulares. Así, el Gobierno aprovechará la oportunidad para trasponer la polémica directiva europea de retorno de nacionales de terceros países , conocida por las organizaciones del sector como la «directiva de la vergüenza» y que fue apoyada por los socialistas españoles en Bruselas por orden del Ejecutivo de Madrid. El proyecto del Gobierno rechaza, tal y como permite la normativa UE, aumentar hasta 18 meses el plazo máximo de internamiento de un irregular a la espera de expulsión. El Gobierno propone aumentar de 40 a 60 días el plazo máximo de retención, para poder garantizar que el inmigrante está bajo tutela mientras se concluyen los farragosos trámites burocráticos para la deportación y la organización del viaje de vuelta. Se trata de cambiar el artículo 62.3 de la actual legislación, que establece que «el internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, sin que en ningún caso pueda exceder de cuarenta días, ni acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente». Los juristas estudian cómo articular mecanismos para evitar fraudes a los plazos de retención a la espera de la repatriación, tal y como ya recogía el programa electoral del PSOE. En particular, quieren combatir a los falsos peticionarios de asilo, que usan la reclamación de protección internacional para salir de los centros de internamiento.