El CGPJ rechaza las presiones del Gobierno y avisa que no influirán en su decisión sobre el juez Tirado

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer una declaración institucional en la que reitera su independencia del Gobierno y recuerda que las críticas al órgano de gobierno de los jueces, «cualquiera que sea su procedencia», no influirán de modo alguno en la toma de decisiones, en clara referencia al recurso de la Fiscalía sobre la sanción que el Consejo impuso al juez Rafael Tirado, multado con 1.500 euros por «desatención grave» en el caso Mari Luz. La portavoz de los jueces y magistrados, Gabriela Bravo, leyó la declaración consensuada por los 20 vocales del Poder Judicial y su presidente Carlos Dívar en la que muestran su confianza en los órganos jurisdiccionales para impartir justicia con «eficacia y eficiencia». El Poder Judicial rechaza «rotundamente» que las posiciones ideológicas de cada vocal puedan servir de base para la adopción de decisiones y hace un llamamiento para mantener un clima de «serenidad, confianza y respeto» para con las instituciones de justicia. El CGPJ respondió de este modo a las críticas que ha recibido en las últimas semanas por parte del Ejecutivo central con respecto al caso Mari Luz, después de conocerse que el juez Tirado no ordenó ejecutar la sentencia que condenaba al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de la niña onubense, por abusos a su hija. Gabriela Bravo recordó que aunque «las críticas no son una injerencia», en alusión a la petición de diferentes miembros del Gobierno de endurecer la sanción al juez de Sevilla -la propia vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega llegó a pedir tres años de suspensión para Tirado-, «este tipo de manifestaciones confunden al ciudadano y no contribuyen a crear un clima de confianza necesario».