Los juzgados ordenan un desahucio cada tres días de inquilinos que no pagan la renta

León tiene un parque de 10.000 viviendas vacías, cuyos dueños no quieren tener en cuenta la opción del alquiler ante la inseguridad que les provoca. Y es que el impago de la renta a los arrendadores es cada vez una situación más común en los Juzgados de León. ¿Qué propietario no se ha visto alguna vez en problemas para echar de su propia casa al inquilino que no paga? ¿Quién no se ha pasado meses, incluso años, pleiteando para recuperar su propiedad mientras un inquilino vive en ella gratis y luego se declara insolvente? A partir de ahora, todo esto quedará zanjado en un mes. Según los datos facilitados por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de los Juzgados de León, entre julio y septiembre de este año se notificó una media de un deshaucio cada dos o tres días, por lo que queda demostrado que la falta de liquidez que afrontan los hogares leoneses va más allá de las hipotecas. Desde enero hasta el primero de octubre, un total de 107 propietarios de pisos demandaron judicialmente a sus inquilinos para iniciar el proceso de lanzamiento por no pagar las debidas mensualidades. No es posible realizar una comparación con el 2007, puesto que estadísticamente no se ha registrado este particular hasta el presente ejercicio. Según explica el titular del servicio común, secretario del Juzgado de Instrucción número 2 de León, con las competencias en este tipo de asuntos, gran parte de las demandas notificadas por impagos en las rentas tienen relación con casos en los que el arrendatario, además de requerir el desalojo de la vivienda, reclama una cantidad atrasada. Si bien también son muchos los procesos en los que únicamente se reclama el deshaucio. El tiempo que pasa desde que el propietario impone la demanda en el juzgado hasta que se produce el desalojo varía en función de la complejidad del caso, pero lo habitual es que la notificación, desde que hay decisión judicial, se entregue en un plazo máximo de quince días. Los equipos de trabajo tienen divididas las zonas de León por distritos y una veintena de personas se encarga de hacer la entrega personal de la notificación. «En la mayor parte de los casos, este hecho no da problemas, pero en otros muchos ejecutar el deshaucio es muy difícil. Ya es habitual que, además del funcionario o funcionarios, también vayan acompañados de la policía y de un procurador», explica. Todas estas notificaciones son las civiles, pero faltaría añadir las originadas en el Juzgado de lo Mercantil, muy activo últimamente con las suspensiones de pagos.