El Poder Judicial amenaza a los jueces que llamen a la huelga

madrid

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio ayer un puñetazo en la mesa en un intento de frenar en seco cualquier amenaza de huelga proveniente de la judicatura. El gobierno de los jueces avisó, a través de una declaración institucional, que tomará las medidas que considere oportunas contra aquellas actuaciones de «dudosa legalidad» que supongan una «grave afectación» al normal funcionamiento del servicio público de la Justicia, y en boca de su portavoz, Gabriela Bravo, aseguró que «no va a tolerar actuaciones o acuerdos ilegales». El documento, aprobado por los 20 vocales del CGPJ y su presidente va dirigido a la decisión de la juntas de jueces celebradas el viernes en Murcia y Extremadura, organismos que aprobaron la convocatoria de huelga para el próximo 18 de febrero en demanda de más medios. Pero también supone un aviso a navegantes contra todas aquellas juntas que decidan subirse al carro del paro laboral en las reuniones previstas para enero.

Además, el consejo decidió agilizar el expediente abierto al juez de Sevilla Rafael Tirado y acordó, por unanimidad, encomendar al Pleno la decisión final sobre este asunto sin que tenga que pasar primero por la Comisión Disciplinaria.