Aznar autorizó escalas de emergencia, pero de forma legal, con respaldo de la ONU y la Otan
Moratinos asegura que ningún preso pasó hacia Guantánamo por España
El Gobierno defiende que ni un solo avión militar con talibanes llegó a aterrizar
El diputado José María Benegas, con el ministro Moratinos
madrid
El Gobierno aseguró ayer en el Congreso que, tras concluir una extensa investigación, puede asegurar que ni un solo avión militar de Estados Unidos con prisioneros talibanes o de Al Qaeda con destino a la base de Guantánamo (Cuba) ha aterrizado en España. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, indicó que sí ha podido confirmar que el Ejecutivo de José María Aznar autorizó en enero de 2002 que estos vuelos entre Afganistán y Cuba pudiesen hacer escala en España en caso de emergencia o avería, pero aclaró que no fue preciso aterrizaje alguno.
Moratinos precisó que, entre enero y marzo de aquel año, hubo en la base gaditana de Morón cinco aviones españoles de transporte preparados para actuar ante esta eventualidad, para continuar viaje si era necesario con los prisioneros hasta Guantánamo, pero que no se usaron nunca. La comparecencia del ministro ayer ante la Comisión de Exteriores del Congreso ha puesto fin, en buena parte, a la polémica desatada por las sospechas de que el anterior Ejecutivo del PP colaboró con los Estados Unidos en el secuestro, traslado y retención ilegal en el limbo jurídico de Guantánamo de presuntos combatientes de Al Qaeda. Moratinos aclaró que, en contra de lo publicado por algunso medios de comunicación, la autorización dada para hacer escalas de emergencia en España fue legal porque estaba apoyada y respaldada por sendas resoluciones de la ONU y la Otan, que autorizaron esta eventualidad.
El ministro recordó que estos prisioneros fueron capturados, al menos la mayoría de ellos, en Afganistán durante la Operación Libertad Duradera desatada, con permiso de la ONU y la Otan, como castigo contra los autores de los atentados del 11-S en Estados Unidos. España también participaba en esta operación militar con autorización expresa del Parlamento.
El Gobierno ya ha remitido a la Audiencia Nacional las conclusiones de su investigación y todos los documentos anexos, para que «las autoridades judiciales actúen en consecuencia si lo consideran oportuno».