Rajoy acusa a Zapatero de intentar arañar votos nacionalistas en las elecciones vascas de marzo
El PP detecta «cálculo electoral» al no disolverse los gobiernos de ANV
El Gobierno sostiene que «no hay pruebas suficientes» del respaldo de los consistorios a ETA
La canciller alemana Ángela Merkel con Mariano Rajoy, en la reunión del Partido Popular Europeo en B
madrid
El PP acusó ayer al presidente del Gobierno de no buscar la disolución de los ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV) por mero «cálculo electoral». Los populares creen que los socialistas confían en arañar votos nacionalistas en las elecciones autonómicas vascas de marzo, pero temen que si adoptan una medida de este tipo ese hipotético apoyo podría volverse en contra.
Primero fue Mariano Rajoy desde Bruselas quien afirmó que José Luis Rodríguez Zapatero «no quiere echar a ANV-Batasuna de los ayuntamientos». Pero se quedó ahí, no aportó ninguna motivación para esa actitud pasiva. El portavoz adjunto del grupo popular y ex alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, fue más allá y sostuvo que en la postura gubernamental hay «mucho cálculo electoral».
El partido opositor llegó a esta convicción a raíz de una frase del jefe del Ejecutivo en su conferencia del miércoles con motivo de los 30 años de vida de la Constitución, en la que dijo que «el bisturí» de la legalidad «tiene que extirpar las células cancerígenas que se aprovechan de la vitalidad del cuerpo, pero con cuidado de no rozar el corazón del pluralismo».
Zapatero aludía así a que la disolución de los ayuntamientos controlados por ANV puede llevar aparejado, entre otras consecuencias no deseadas, que los concejales de fuerzas democráticas de ese mismo consistorio reciban igual castigo.
Esta es la razón por la que el Gobierno y los socialistas son partidarios de utilizar ahora las mociones de censura para desalojar a los alcaldes de la formación proscrita hasta que se aprueben las reformas legales comprometidas para proceder contra las organizaciones políticas del entorno de ETA. El Ejecutivo mantiene que el artículo 61 de la ley de Bases de Régimen Local establece que para disolver un gobierno local se requieren pruebas que acrediten actuaciones «reiteradas y graves de apoyo al terrorismo». Supuesto que, a juicio del Gobierno, no se da.
«Es difícil saber lo que querían decir las palabras del presidente», dijo ayer en Bruselas Rajoy, que tachó de «poco oportunas y muy inapropiadas» la declaración, discrepó con la visión gubernamental y se remitió al informe que envió al Ministerio del Interior. Ahí, dijo, se detalla «una fórmula muy buena» que da por hecho que existe una «estrategia concertada» de ANV para no condenar los atentados.