El presidente y Bermejo achacan la actitud de los magistrados a sus críticas a la sanción a Tirado
Zapatero avisa a los jueces de que no acepta reivindicaciones corporativas
Admite que hay problemas en la Justicia, pero no entiende la virulencia en las demandas
madrid
El Gobierno contestó ayer con una mezcla de palo y zanahoria al ultimátum que 24 horas antes le dieron las cuatro principales asociaciones de jueces, que en un comunicado conjunto amenazaron al Ejecutivo y al Poder Judicial con una huelga en junio si antes no atienden y comienzan a aplicar la tabla reivindicativa del sector.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no ocultó su malestar por los términos y el tono «de exigencia» de la embestida de la magistratura, afirmó que habrá diálogo con las asociaciones judiciales, pero sólo para «hablar de los problemas de los ciudadanos ante la justicia, no de los problemas de los jueces». «Queremos tener ese debate, sobre qué ha hecho y qué va hacer el Gobierno, pero sólo defenderemos los intereses generales, y no otros», aseguró en tono rotundo durante una entrevista en Onda Cero.
El jefe del Ejecutivo considera que las asociaciones «quizás deberían haberlo pensado un poco más» antes de plantear el ultimátum, «porque no es buena manera de dialogar poner condiciones», y porque esa comunicación debería hacerse desde «un gran respeto institucional». Descartó de la negociación que se abrirá cualquier aspecto corporativo, anticipó que no discutirá aumento alguno de las retribuciones de los jueces para 2009 -”«que está aprobado por el Parlamento y de ahí no se va a mover»-”, y recordó a la magistratura que son un poder independiente del Estado, que esa condición «comporta responsabilidad» y que las acciones de sus miembros «están sometidas al debate de la opinión pública».
Zapatero, que no negó que existan problemas importantes en el funcionamiento de los tribunales, se preguntó por qué las asociaciones usan semejante virulencia al plantear sus demandas ante el Gobierno que «ha duplicado la inversión para la modernización de la infraestructura de la justicia y que más nuevas plazas de jueces y fiscales ha creado», 1.150 en cuatro años.
El presidente del Gobierno, en la misma línea que unas horas antes se expresó el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ligó la virulencia del pulso como una respuesta de la magistratura a las duras críticas del Ejecutivo contra la sanción mínima que el Poder Judicial impuso al juez Rafael Tirado por su comportamiento negligente a la hora de encarcelar al pederasta que terminó por asesinar a la niña Mariluz. Zapatero reivindicó su derecho a discrepar de forma radical con la exigua sanción. «Comprendo que los jueces puedan defender a los jueces, pero el Gobierno debe defender el interés público».
Bermejo aseguró que las asociaciones judiciales no tuvieron más remedio que «ponerse al frente de la manifestación» después de ser sorprendidas por iniciativas individuales de magistrados de movilizaciones y la huelga, y cuyo malestar tuvo su origen en la reclamación gubernamental de una sanción ejemplar para Tirado.