Corbacho acepta mejorar el paro de los que sufran regulación de empleo

madrid

El Gobierno está dispuesto a mejorar la prestación de paro de los afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y a establecer criterios para que los ajustes sólo puedan recaer en mayores de 52 años, según adelantó ayer, en el Congreso de los Diputados, el titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. Todos los portavoces de la oposición, muy críticos con el ministro, vieron sin embargo con buenos ojos la reforma anunciada.

Los representantes del PP, Grupo Mixto, PNV y CiU coincidieron en señalar la necesidad de variar cuanto antes la normativa de los expedientes, para que, por ejemplo, dejen de ser «abusivos» o conlleven una tramitación ágil.

Los ERE son procedimientos administrativo-laborales de carácter especial, dirigidos a obtener de la autoridad competente el consentimiento para suspender o extinguir la relación de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Durante el ajuste temporal, los implicados consumen la parte de su prestación de desempleo que exige la suspensión aplicada. Y, la reforma planteada por Corbacho, supone que si al final se produce un despido, los afectados recuperarán todos los derechos que tenían antes del ERE eventual. Este hecho se conoce en léxico laboral como «poner el contador a cero».

El ministro apuntó que también sería positivo vincular la autorización de los expedientes a planes sociales y de recolocación y habló de examinar muy detenidamente todos los ajustes que presenten empresas con beneficios, puesto que la misión de un ERE es superar de forma temporal una situación delicada que en su defecto comportaría «un notable incremento en el número de despidos». Insistió en que no tiene sentido expulsar o sacar temporalmente del mercado a trabajadores con 48, 49 o 50 años de edad.

Consciente de la complejidad de los cambios mencionados, Corbacho explicó que el Gobierno llevará sus planes a las mesas del diálogo social (proceso de debate y negociación entre el Ejecutivo, las patronales Ceoe y Cepyme y los sindicatos CC.OO. y UGT) para su examen y aprobación si los interlocutores lo consideran apropiado. Comentó que ese es el ámbito en el que se han de fijar los criterios para la aplicación futura de los ERE, al mismo tiempo que descartó cualquier modificación unilateral por ley.

La reforma de los expedientes forma parte de un decálogo de medidas presentadas a los diputados. Los representantes de la oposición señalaron que ninguna iniciativa era nueva y acusaron al Gobierno de entorpecer el diálogo social, y mantener una actitud pasiva justo en un momento en el que las cifras del paro son alarmantes.

Además del cambio en la regulación de los expedientes, Corbacho se mostró proclive a contar con unos Servicios Públicos de Empleo (antiguas oficinas del Inem) capaces de «integrar, ordenar y optimizar la acción intermediadora de los agentes públicos y privados». Detrás de esta propuesta figura la legalización de las empresas privadas de colocación, que en la actualidad operan, pero que no cuentan con regulación. El objetivo de esta convivencia sería que «las personas desempleadas estén el menor tiempo posible en esta situación», añadió el ministro.

El resto de las medidas del decálogo se refieren a fortalecer el diálogo social, la concertación territorial, desarrollar el Estatuto del Trabajador Autónomo, potenciar la formación profesional, aplicar la Estrategia Española de Salud y Seguridad en el Trabajo, entre otras. Los portavoces de la oposición lamentaron el documento y aseguraron sentirse decepcionados porque esperaban «otra cosa». El ministro respondió que no veía alternativas a la actuación del Gobierno.