La Audiencia decide investigar una matanza israelí del 2002 en Gaza

madrid

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decidió ayer investigar la posible responsabilidad penal por «crímenes contra la humanidad» de un ex ministro de Defensa israelí y seis altos cargos militares por el bombardeo que en julio de 2002 acabó con la vida de catorce civiles en la franja de Gaza. El ataque selectivo iba dirigido contra la vivienda de un líder Hamás, que también falleció, y dejó otros 150 heridos, la mayoría con lesiones graves y secuelas permanentes.

La querella fue presentada por el Centro Palestino por los Derechos Humanos, que representa a familiares de seis de los asesinados. Está dirigida contra el ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer, hoy diputado laborista y ministro de Infraestructuras, y alcanza a la cúpula militar israelí en el momento de la masacre, entre ellos el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Moshe Yaalon, y el comandante de las Fuerzas Aéreas Dan Halutz. La demanda también involucra al entonces primer ministro Ariel Sharón, que permanece en estado vegetativo desde 2005.

A todos ellos el magistrado les imputa un delito contra la humanidad por «crímenes de guerra», en el marco de la competencia que la legislación española atribuye a la Audiencia Nacional para instruir delitos por genocidio, terrorismo o contra civiles cometidos en un conflicto armado fuera del territorio nacional.

Esa norma deja abierta la puerta para que el tribunal admita también a trámite otra querella interpuesta la pasada semana por una asociación cultural de Melilla por la última ofensiva israelí en Gaza. Va dirigida contra el actual primer ministro israelí, Ehud Olmert, y los titulares de Defensa y Exteriores, Ehud Barack y Tzipi Livni, «brazos ejecutores» de dicha operación que dejó unos 1.300 muertos, una tercera parte niños, según la ONU.

La demanda por el asesinato de los catorce civiles fue presentada en verano pasado. Entonces, el juez Andreu cursó una comisión rogatoria a Israel para que le informase sobre la existencia en este país de algún procedimiento abierto por estos hechos. Pero las autoridades hebreas no respondieron. Es más, días después de conocerse la querella, el Gobierno israelí informó a los presuntos responsables del bombardeo de que no viajaran a España -”«ni por trabajo ni por turismo»-” por temor a que fueran arrestados y procesados. Si ello ocurría, les advirtieron, se podría generar una grave crisis diplomática entre ambos países.

Ahora, una vez admitida a trámite la demanda, el juez Andreu le vuelve a pedir a Israel que notifiquen el escrito a los imputados a fin de que sean citados a declarar en una fecha aún por determinar.

Además, solicita otra autorización a la Audiencia para desplazarse a Gaza con el objetivo de tomar declaración a familiares y testigos de las víctimas. El instructor advierte en el auto de que si en el transcurso de la investigación las pruebas demuestran que la acción respondía a una «estrategia predeterminada» podrían calificarse los hechos de una forma «más grave».

El ataque «excesivo o desproporcionado», según calificación del juez Andreu, que acabó con la vida de los 14 civiles y dejó otros 150 heridos tuvo lugar el 22 de julio del 2002. Hacia la medianoche, un avión F-16 lanzó una bomba de una tonelada sobre el barrio de Al Daraj, en la ciudad de Gaza, al norte de la franja palestina. El objetivo principal era la casa del comandante del movimiento Hamás Salah Shehadeh. Pero la potente bomba destruyó una casa vecina.